4 piezas de rompecabezas irregulares y unas semanas para que los demócratas las empalmen

Por The New York Times | Jonathan Weisman

WASHINGTON — En una semana crucial de un periodo decisivo para la agenda interna del presidente Joe Biden, los demócratas del Congreso intentan armar un rompecabezas con cuatro piezas irregulares que podrían no empalmar.

Lograr que estas cuatro piezas se acoplen es vital para los planes del partido y su futuro político, y la rapidez con que logre armar el rompecabezas determinará si el gobierno sufre otro costoso y vergonzoso cierre o, peor aún, si incurre por primera vez en la historia en un incumplimiento del pago de su deuda, lo que podría provocar una crisis económica global.

Analicemos las cuatro piezas que deben ajustarse.

Primera: El presupuesto del gobierno.

Un segundo después de la media noche en la madrugada del viernes, las partes del gobierno cuya operación depende de las decisiones del Congreso en el proceso de autorización del gasto anual se quedarán sin dinero si no se aprueba un paquete provisional de egresos. El 1.° de octubre marca el principio del ejercicio fiscal y, en vista de que tienen problemas más trascendentales por resolver, los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado no han completado ningún proyecto de ley para la asignación de recursos a los departamentos de Defensa, Transporte, Salud y Servicios Humanos, Estado y Seguridad Nacional, por mencionar unos cuantos.

No es una situación inusual. Con gran frecuencia, las leyes individuales de presupuesto no se aprueban sino hasta el invierno. Entre tanto, el Congreso autoriza “resoluciones temporales” para mantener en funcionamiento los departamentos con el gasto asignado en ese momento, quizá con unos cuantos ajustes para cubrir prioridades urgentes y emergencias, como planes de acción tras el paso de huracanes y, en el caso de este año en particular, la reubicación de refugiados afganos.

Para el jueves, el Congreso podría autorizar sin ningún problema este tipo de resolución, con lo que evitaría el agotamiento del presupuesto y que empleados federales y trabajadores “esenciales”, como aquellos de la Administración de Seguridad en el Transporte, queden suspendidos y deban trabajar sin recibir su salario. Por desgracia, el lunes los republicanos del Senado bloquearon esta medida provisional por su relación con la segunda pieza...

Segunda: El límite de la deuda.

El gobierno federal desde hace décadas opera con un tope legal para la cantidad que puede recibir en préstamo o, en términos coloquiales, existe un límite para su endeudamiento. La deuda federal, de 28 billones de dólares, aumenta inexorablemente, no solo porque el gobierno gasta mucho más de lo que recauda en impuestos, sino también porque algunas partes del gobierno les deben dinero a otras, principalmente porque la mayor parte del gobierno debe dinero por concepto de seguridad social tras décadas de préstamos.

En esencia, elevar el tope de endeudamiento es como pagar el total de tu tarjeta de crédito a fin de mes, porque un límite más alto le permite al Tesoro pagarles a sus acreedores, contratistas y agencias dinero obtenido de ellos mediante bonos del Tesoro y pagarés o contratos. No es para obligaciones futuras.

La última vez que se presentó este problema, en agosto de 2019, el Congreso y el presidente Donald Trump suspendieron la fijación del límite de la deuda hasta el 31 de julio de este año. El 2 de agosto, el Tesoro fijó el tope de la deuda en 28,4 billones de dólares, y el gobierno lo rebasó unos días más tarde. Desde entonces, el departamento ha pasado dinero de una cuenta a otra para tener suficiente para pagar sus cuentas, pero en algún momento entre mediados y finales de octubre estas “asignaciones extraordinarias” se agotarán, y entonces dejará de pagar sus cuentas. Esta situación causaría conmoción en la economía internacional, puesto que la deuda del gobierno estadounidense es un refugio seguro global para todo tipo de efectivo e inversiones.

Durante la presidencia de Trump, los republicanos y los demócratas no pelearon por el aumento en el límite de la deuda, en parte porque los grandes aumentos al gasto para la pandemia de coronavirus y otras prioridades fueron resoluciones bipartidistas, aunque el enorme recorte a los impuestos de 2017 no lo fue.

Este año, ya que los demócratas tienen control sobre la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, los dirigentes republicanos han dicho que solo ellos deben encargarse de elevar el tope de la deuda.

Los republicanos han dejado muy claro que su intención es obstruir el proyecto de ley ordinario para elevar el tope de la deuda, como hicieron el lunes. Para que los demócratas logren autorizarlo de manera unilateral, lo más probable es que deban recurrir a un proceso de autorización del presupuesto designado reconciliación, que protege las asignaciones económicas de tácticas obstruccionistas.

Se trata de un proceso complejo y que requiere mucho tiempo. Encima, debe realizarse en las siguientes dos o tres semanas, para no llegar a la desconocida pero inminente “fecha X” en que el gobierno no podrá cumplir sus obligaciones. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, le dijo el martes al Congreso que la fecha límite es el 18 de octubre.

Tercera: Infraestructura.

En agosto, con un acuerdo bipartidista poco común, el Senado aprobó una ley de un billón de dólares para construir o reforzar caminos, puentes, túneles, redes de tránsito y redes rurales de banda ancha. Entre los 69 votos afirmativos estuvo el del senador Mitch McConnell de Kentucky, el líder republicano, y otros 18 integrantes de su partido.

Entonces todo se complicó más.

Con el propósito de ejercer presión y lograr una votación rápida para aprobar esta ley, nueve demócratas de tendencia conservadora de la Cámara de Representantes amenazaron con no darle su voto de aprobación al paquete de presupuesto del partido de 3,5 billones de dólares hasta que la ley de infraestructura autorizada por el Senado se aprobara en su cámara.

El paquete de presupuesto era necesario para lograr que el amplio proyecto de política social y el de cambio climático de Biden no quedaran bloqueados mediante tácticas obstruccionistas republicanas en el Senado, gracias al proceso de reconciliación. Así que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una maniobra característica, llegó a un acuerdo con los nueve moderados de su partido: si votaban a favor de la resolución del presupuesto para permitir el avance de la ley sobre política social, ella se encargaría de tener los votos necesarios para aprobar la legislación de infraestructura a más tardar el 27 de septiembre, tres días antes de la fecha de expiración de la autorización legal de varios programas existentes de transporte e infraestructura.

Pelosi esperaba que, para esa fecha, el paquete de reconciliación también estuviera listo para proceder. Por desgracia, no fue así, y ahora los liberales de la Cámara de Representantes amenazan con no votar a favor del proyecto de infraestructura.

El 27 de septiembre llegó y pasó ese lunes sin que se realizara la votación ni las facciones llegaran a un acuerdo, aunque la presidenta logró que los moderados de su partido aceptaran retrasar cualquier asignación hasta el jueves. Lo que queda por determinar es si suficientes demócratas liberales de la Cámara de Representantes votarán a favor si todavía están en espera del marco definitivo para la cuarta pieza.

Cuarta: Reconciliación de la política social.

El tremendamente ambicioso proyecto de ley sobre política social de los demócratas, que Biden ha designado plan “Construir de nuevo mejor”, incluye acciones que siempre han sido prioritarias para el partido. La Cámara de Representantes preparó una versión de 2465 páginas en la que se describe un gran número de programas de combate al cambio climático, un generoso crédito fiscal más extenso por hijos menores, educación preescolar universal, mucho mayor acceso a centros de estudios universitarios, mayores recursos para el cuidado de adultos mayores y licencias con goce de sueldo, así como la expansión de Medicare a servicios dentales y de tratamiento de ojos y oídos, todos ellos cubiertos gracias a billones de dólares de incremento en los impuestos de las corporaciones y las personas adineradas.

Pelosi querría someterlo a votación esta semana, pero tiene dos problemas: en este momento, es muy posible que los demócratas no cuenten con los votos necesarios, y los líderes demócratas en el Senado todavía no han elaborado un proyecto detallado que cuente con el apoyo de todos los miembros de su caucus.

Varios demócratas de tendencia conservadora en ambas cámaras, incluidos los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona, han dicho que no pueden apoyar el plan tal cual se propuso. Además, como los republicanos han dejado claro que mantienen una postura unificada, los demócratas no pueden darse el lujo de perder ni siquiera un voto de su partido en el Senado.

Los números son casi igual de complicados en la Cámara de Representantes, donde los demócratas solo pueden darse el lujo de perder tres votos.

Biden ha sostenido negociaciones con los miembros de su partido que se niegan a darle el voto positivo para determinar qué están dispuestos a apoyar. Pero, por ahora, la falta de acuerdo en torno al extenso plan impide su avance y también pone en duda el destino del paquete de infraestructura.

El lunes por la tarde, Pelosi les indicó a los demócratas que debían retrasar la votación sobre el plan de reconciliación hasta que logren resolver sus diferencias. El Congreso debe aprobar un proyecto de ley provisional para la medianoche del jueves si quiere evitar el cierre del gobierno. (Stefani Reynolds/The New York Times) La senadora Kyrsten Sinema (demócrata de Arizona) habla en su teléfono móvil dentro de un elevador en el Capitolio en Washington el lunes 27 de septiembre de 2021. (Stefani Reynolds/The New York Times) El Congreso debe aprobar un proyecto de ley provisional para la medianoche del jueves si quiere evitar el cierre del gobierno. (Stefani Reynolds/The New York Times) La senadora Kyrsten Sinema (demócrata de Arizona) habla en su teléfono móvil dentro de un elevador en el Capitolio en Washington el lunes 27 de septiembre de 2021. (Stefani Reynolds/The New York Times) El Congreso debe aprobar un proyecto de ley provisional para la medianoche del jueves si quiere evitar el cierre del gobierno. (Stefani Reynolds/The New York Times) La senadora Kyrsten Sinema (demócrata de Arizona) habla en su teléfono móvil dentro de un elevador en el Capitolio en Washington el lunes 27 de septiembre de 2021. (Stefani Reynolds/The New York Times)