“Vivo encerrada en mi casa con miedo”: activista trans relata pedradas a plena luz del día

En los últimos días se conoció la denuncia presentada por Sandra Val, mujer trans y activista por los derechos del colectivo en el departamento de Maldonado, tras recibir insultos, ataques con piedras y amenazas de muerte.

“Desde hace varios días mi vida es un infierno. Mi casa es atacada por grupos de chicos, te diría que tienen 10, 12, 15 años, me tiran piedras, han roto puertas y ventanas”, dijo Sandra Val en diálogo con Montevideo Portal.

“Es un ataque a mi condición de chica trans, actúan a plena luz del día y no les importa nada y nadie hace nada. Vivo con miedo encerrada en mi casa, esperando que la Justicia haga algo para devolverme mi tranquilidad. Ya ingresaron a mi casa, saltando el murito y me insultan diciéndome cosas horribles como 'salí puto', 'vení para afuera que te vamos a matar', 'puto de mierda', 'chupapija'. Hice la denuncia al 911 y en medio de esa denuncia, comenzaron nuevamente a tirar piedras. Horrible, una situación espantosa. Me siendo desprotegida y la Justicia no hace nada, es como que fuéramos ciudadanos de segunda y la calle una zona liberada para estas bandas”, agregó.

Su abogado, Leandro Arévalo, conversó con Montevideo Portal sobre la imposibilidad de iniciar su trabajo en el proceso por no asignarse turno en Fiscalía. “Me reuní con mi clienta a partir de una denuncia que ella hizo en agosto del año pasado y que en principio no había tenido respuesta de la justicia. Me comuniqué además con Fiscalía para acceder a la carpeta de investigación y me informaron que aún no estaba asignada”, dijo.

Foto: Gustavo Descalzi

El hecho llamó la atención del letrado ya que, existiendo una denuncia hecha en la Policía desde hace 10 meses por agresión y discriminación, no se hubiera iniciado una investigación ante la reiterada cantidad de incidentes, que la ha llevado a temer por su integridad física.

“Las agresiones hacia ella empezaron lanzándole cosas en su domicilio y fueron escalando cada vez más. Ahora han sido piedras que le tiran, que si le pegan con esas piedras, ves lo que es el tamaño, pueden llegar a matar. Últimamente, llegaron amenazas de muerte con respecto a ella. El tema de la asignación fiscal, es un problema que tenemos en este caso y en varios otros casos y como abogado es una preocupación porque ahora dependemos de algo que se llama la DPA (Unidad de Depuración, Priorización y Asignación) que es una dependencia de Fiscalía General de la Nación donde se asignan aleatoriamente las denuncias. El tema es que hasta que no esté asignada, uno como defensa no puede acceder a la carpeta de investigación de Fiscalía, que es donde están todas las evidencias y no puede aportar cosas ahí. No hay una carpeta y no se puede acceder, no tenés cómo y en este caso, por los criterios de priorización que tiene Fiscalía, las cuestiones basadas en violencia de género, que claramente lo sería, es un caso prioritario y no está asignado. Pensemos que es de agosto del año pasado, hace más de 9 meses”, sumó.

Más adelante, el abogado comentó que las demoras podrían tener un resultado trágico, si crece el nivel de violencia contra la activista trans. “Con respecto al hecho de que ella pueda aparecer lesionada o le entren en el domicilio, uno de los últimos casos, entraron a su domicilio al menos en la parte de adelante, agrediendo y amenazando de muerte. La verdad que a uno le deja un gusto amargo, es que se genera un halo de impunidad, primero con respecto a las conductas que ya han sucedido y que no están teniendo una respuesta. En algún caso particular y uno no tiene cómo saber, más cuando se está violentando la integridad física y hay amenazas, puede haber un resultado que tal vez, se podría haber evitado con alguna actuación anterior. Los delitos son punibles, hay un régimen de responsabilidad para los menores infractores, incluso cuando un padre tiene conocimiento de que su hijo está cometiendo una actividad que es claramente delictiva, puede ser pasible también de responsabilidad. No descartamos que eso pueda ser en este caso, porque como ha manifestado Sandra en todas las denuncias, el estimativo es que tienen entre 10 y 15 años. Pero no se puede saber realmente si hay algún mayor de edad o alguno un poco menor, es un conglomerado de personas el que la está amedrentando. En lo que me ha comentado llegan a ser grupos de hasta 10 personas, hay algunos que parece ser, reiteran en esta conducta y otros no se han podido identificar, pero andan allí en la vuelta y varían”, sostuvo.

Sobre la instancia de citación a los menores identificados, sus padres o los adultos responsables, el abogado dijo: “Por lo que mi defendida me ha comentado, parece que citaron a uno de los mayores responsables de algunos de estos menores. Justamente ella, en su deseo de colaborar con la Justicia recabando pruebas, en una oportunidad salió persiguiendo a uno de los menores, vio que entró en una casa y, según los dichos de ella, a partir de ese momento citaron a quien sería la madre o adulto responsable, que se encontraba en el mismo domicilio. Esto fue el pasado miércoles 20 de mayo y el problema es que, a partir de eso, las amenazas y las agresiones, al revés, aumentaron. Por eso el primer recaudo y para trabajar de una forma profesional y correcta era acceder a la carpeta y ver lo que había allí, pero nos encontramos con este primer obstáculo, de la falta de asignación fiscal. Puede ser que exista una carpeta donde se hayan ingresado cosas, pero uno como defensa no puede acceder porque no hay una asignación fiscal y esto depende de la DPA”.

“Dentro de la gran cantidad de cosas que pueden implicar, algo que lo hablamos en la reunión con Sandra es que hay claramente una vulneración de derechos humanos y es una persecución por ella identificarse como persona trans y es claramente un delito de odio”, agregó.

Además, Arévalo opinó sobre si estas agresiones podrían encuadrarse en el artículo 149 Bis del Código Penal. “Puede ser, incitar a la violencia o cometer actos de odio y que no quita la responsabilidad de que también tenemos el daño, todo lo que han destrozado. Incluso a los efectos de colaborar y tener evidencias, no ha cambiado la fachada de su casa. Todavía tiene las marcas de todas las agresiones y todas las cuestiones, la eventual y posible responsabilidad indirecta de los padres por tener conocimiento del delito que están cometiendo sus hijos y no hacer algo al respecto”, señaló.

El expediente podría tomar mayor fuerza si al constatar la Fiscalía en una inspección ocular que la casa de Sandra Val queda ubicada por frente al cuartel de Bomberos de San Carlos y si algún funcionario de ese destacamento hubiera presenciado estos ataques, no denunciarlo podría ser tipificado bajo el delito de omisión inherente a los deberes de funcionario público, consagrado en el artículo 164 del Código Penal.

“En este caso, y se lo expliqué a mi clienta, algunas cuestiones está bueno plantearlas, generar esta visibilidad que estamos haciendo con los medios y algunas otras que pueden ser la estrategia de la defensa, en principio no develarlas. Lo que sí puedo adelantar y en el entendido de cómo se dan las cosas, el tener enfrente a la casa un cuerpo de Bomberos, ellos pueden haber presenciado alguno de estos hechos y obviamente se les solicitaría que comparezcan, al menos a prestar testimonio sobre eso”, apuntó.