“Un retroceso”: psicólogos rechazan cambios introducidos en la Ley de Salud Mental

La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay expresó su “preocupación y sorpresa” por los cambios introducidos al artículo 38 de la Ley de Salud Mental a través de la recientemente aprobada del Presupuesto Nacional, el que extendió el plazo para el cierre de los centros asilares y eliminó la prohibición de internación de personas en los establecimientos existentes.

A través de un comunicado, la organización señaló que la redacción original de la Ley de Salud Mental, aprobada en 2017, establecía que las instituciones de internación psiquiátrica de carácter asilar debían cerrar de forma progresiva hasta dejar de funcionar para 2025. Sin embargo, indicó que ese objetivo no se concretó, pese a que —según afirman— en reiteradas ocasiones reclamaron su cumplimiento.

De acuerdo con la coordinadora, la nueva redacción introducida en la ley presupuestal incluye modificaciones “significativas”. Entre ellas, se extiende el plazo para el cierre de estos centros hasta 2029 y se elimina el párrafo que prohibía la internación de personas en establecimientos asilares existentes desde la entrada en vigencia de la normativa.

Además, el comunicado señala que en la nueva formulación se sustituye el término “ley” por “disposición” en ese apartado, lo que, según la organización, altera el alcance del texto original.

La coordinadora también cuestionó que los cambios se hayan realizado sin consultas previas ni instancias de intercambio con los actores vinculados al sistema de salud mental. A su entender, el procedimiento difiere del proceso que derivó en la aprobación de la ley de 2017, que incluyó discusiones y participación de diversos sectores.

Otro de los puntos señalados es que algunos organismos previstos para la implementación y control de la normativa —como la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, la Comisión Interinstitucional y la Comisión Asesora—, aún no han sido convocados. Según indicaron, la organización ya designó una representante para integrar estos ámbitos, que todavía no se han conformado.

En ese contexto, la coordinadora advirtió que las modificaciones suponen un “retroceso” respecto al modelo de atención comunitaria en salud mental que fundamenta la legislación vigente. Por ello, planteó la necesidad de volver al espíritu del artículo 38 original y respetar los acuerdos alcanzados cuando se aprobó la ley en 2017.