El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, criticó la decisión de la administración de Luis Lacalle Pou de firmar el contrato que habilita el desarrollo del proyecto Neptuno en Arazatí.
El gobierno firmó este jueves el acuerdo entre OSE y Aguas de Montevideo, un consorcio integrado por las empresas constructoras Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast, informó Presidencia.
Para Ortuño, el proyecto es “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales, deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”.
“Afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno electo por la ciudadanía, y limita los acuerdos nacionales para construir la política de Estado que el país necesita para el cuidado y abastecimiento del agua, por el que seguiremos apostando”, agregó el exdirector de OSE por el Frente Amplio.
Proyecto Neptuno
— Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo) January 23, 2025
Firma de Arazatí
Un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales, deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras…
El pasado miércoles, el futuro ministro de Ambiente dijo que la “prioridad” de la administración entrante será la construcción de la reserva de Casupá, que podrá embalsar 118 millones de metros cúbicos de agua para complementar los 77 de Paso Severino.
Desde Presidencia aseguraron que el proyecto Neptuno significa “la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable”.
“De esta manera, se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y la operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, señala un comunicado difundido por el gobierno tras la firma del contrato.
El contrato se firmó “en los términos originales establecidos en la licitación”, indicaron desde el gobierno, y señalaron que también “se acordó adicionar un memorándum de entendimiento entre OSE y el consorcio para eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar”, como “alternativas para la localización del polder (reservorio de agua bruta)”.
La decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou se llevó a cabo sin el aval del gobierno entrante, que liderará Yamandú Orsi. El actual mandatario había asegurado que no pondría “freno de mano” a la obra.
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