¿Un feto es una persona? Una estrategia antiaborto sostiene que sí.

Por The New York Times | Kate Zernike

Aunque alrededor de la mitad de los estados han tomado medidas para prohibir casi por completo el aborto desde que la Corte Suprema anuló el fallo del caso Roe contra Wade en junio, algunos activistas antiaborto luchan por conseguir una meta más absoluta que se fijaron desde hace mucho tiempo: leyes que les otorguen a los fetos los mismos derechos y protecciones legales que a cualquier persona.

Conforme a las leyes que establecen la personalidad fetal, el aborto constituiría un asesinato, lo que invalidaría la mayoría de las excepciones al aborto permitidas en estados que ya lo prohíben. Durante el tiempo que el fallo Roe estableció el derecho constitucional al aborto, esas leyes fueron simbólicas en los pocos estados que lograron aprobarlas. Ahora comienzan a surtir efectos prácticos. En Georgia, un feto ya puede obtener créditos fiscales y recibir apoyo de manutención, y se le debe incluir en el conteo de población y la rezonificación electoral.

La legislación, además, da pie a cuestionamientos más allá del aborto, desde temas migratorios hasta quiénes tienen derecho a recibir prestaciones públicas.

Podrían criminalizar procedimientos comunes de atención médica y limitar el derecho de las mujeres embarazadas a tomar decisiones sobre su asistencia médica.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que les ha devuelto a los estados la regulación del aborto ha generado un nuevo interés en la legislación y una nueva ruta legal para ella. En Indiana, donde este mes la legislatura controlada por los republicanos prohibió el aborto desde la concepción (una de las leyes más estrictas del país), algunos legisladores conservadores señalaron como objeción que la ley incluye excepciones para el caso de violación e incesto. “Este proyecto de ley justifica a los malvados, a quienes asesinan bebés, y castiga al honesto ser humano que no ha nacido”, aseveró un legislador, que insiste en aprobar una legislación que le otorgue personalidad jurídica al feto sin excepciones.

En Georgia, una ley que les reconoce personalidad jurídica a los fetos después de seis semanas de embarazo aproximadamente entró en vigor tras la anulación del fallo Roe. Sin embargo, la organización de Georgia Right to Life y otros grupos conservadores le han pedido al gobernador Brian Kemp que convoque una sesión legislativa especial para aprobar un cambio en la constitución estatal con respecto a la personalidad fetal. El cambio eliminaría las excepciones para el aborto previstas en la ley pues declararía que “todos los seres humanos en su calidad de personas tienen el derecho fundamental a la vida en cualquier etapa del desarrollo, desde la fecundación hasta la muerte natural”.

Además, este mes, los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, a instancia de varios grupos antiaborto, presentaron legislación con el propósito de establecer el derecho a que los fetos reciban ayuda de manutención al momento de la concepción. Esta disposición podría ser difícil de aplicar, pero crearía influencia sobre la legislación federal en torno a la noción de que los fetos tienen el mismo derecho a la vida que otros seres humanos, incluidas las mujeres que los han concebido.

La meta es establecer una prohibición federal al aborto a través de la legislación u otra decisión de la Corte Suprema. No se sabrá en realidad con cuánto apoyo cuentan estas leyes hasta que arranquen las sesiones legislativas a principios del próximo año, y dependerá de que los republicanos asuman el control del Congreso en las elecciones intermedias. No obstante, para los partidarios del movimiento antiaborto, tan solo devolverles a los estados la regulación del aborto nunca fue suficiente.

“La vida comienza al momento de la concepción”, indicó el representante Mike Johnson, republicano de Luisiana, cuando propuso este mes ante el Congreso la Ley de Manutención de Niños no Nacidos, “y este proyecto es un primer paso claro en el camino para actualizar nuestras leyes federales a fin de que lo reflejen”.

La presión para apoyar la personalidad fetal comenzó incluso antes de la decisión de Roe en 1973, en gran medida entre católicos enfadados porque los estados flexibilizaron una serie de prohibiciones amplias al aborto y permitieron excepciones en el caso de violaciones o incesto, o para proteger la vida de la mujer embarazada.

En el fallo Roe, la Corte Suprema les prohibió a los estados impedir el aborto antes de que un feto sobreviva fuera del vientre, lo que ocurre alrededor de las 23 o 24 semanas. Los magistrados identificaron un derecho al aborto en la Decimocuarta Enmienda, y declararon que la palabra “persona” en esa enmienda “no incluía a los no nacidos”.

En respuesta, los grupos antiaborto intentaron establecer que la palabra “persona”, de hecho, incluye a los no nacidos. Impulsaron una enmienda constitucional que declara que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Sin embargo, sus acciones avanzaron poco, incluso después de 1980, cuando la plataforma del Partido Republicano incluyó por primera vez apoyo para una “modificación sobre la vida humana” que “restablecería la protección del derecho a la vida de los niños no nacidos”.

Entonces, los partidarios del movimiento antiaborto intentaron restringir el aborto en cada estado. Varios de ellos adoptaron leyes que consideraban al feto una persona en el caso de homicidios, como una manera de introducir el concepto de personalidad fetal en la legislación, con el propósito de hacer más graves las consecuencias para la mujer embarazada, o para ambos.

Las legislaturas de cinco estados controlados por los republicanos (Alabama, Arizona, Georgia, Kansas y Misuri) aprobaron leyes sobre la personalidad jurídica del feto para prohibir el aborto. No obstante, en tres de esos estados las leyes se anularon o permanecieron bajo el control de los tribunales.

Varias iniciativas sometidas a votación que habrían establecido leyes sobre la personalidad fetal fracasaron en algunos de los estados más opuestos al aborto. Los votantes rechazaron iniciativas dos veces en Dakota del Sur, en 2006 y 2008, y en Misisipi en 2011 (aunque nuevas mayorías conservadoras en legislaturas estatales de todo el país en esa época aprobaban un número sin precedentes de restricciones antiaborto).

“La idea no es nada popular”, comentó Elisabeth Smith, directora de política y apoyo en el estado para Center for Reproductive Rights, que promueve acciones en contra de las restricciones al aborto. “Es porque las personas han expresado con gran claridad los daños de la personalidad fetal. Cuando los votantes comprendieron estos daños, su voto fue un ‘no’ rotundo en todos los casos”.

En Misisipi, grupos médicos organizaron campañas de oposición a la modificación sobre la personalidad fetal en 2011 en las que advirtieron que penalizaría los dispositivos intrauterinos y otros métodos anticonceptivos. También advirtieron acerca de sus efectos en la fecundación in vitro, que requiere congelar embriones fecundados y, por lo regular, implantar varios porque no todos los embarazos se logran. Disponer de los óvulos fecundados que no se utilicen, o decidir eliminar óvulos implantados, como hacen muchas personas que quieren convertirse en padres y madres, podría provocar que se presenten cargos por asesinato (desde entonces, otros estados, como Arizona, han eliminado las excepciones para la fecundación in vitro).

El fallo que anuló Roe en junio sirve como fundamento para una ley de Misisipi que hace referencia en varias ocasiones al “ser humano no nacido”. La decisión adoptó el discurso de la personalidad fetal, y citó varias leyes estatales del siglo XIX en las que se mencionan “niños no nacidos”.

Esta situación le abrió el paso a la ley de Georgia aprobada en 2019 y que entrará en vigor pronto. Esta ley, designada Ley de Igualdad y Justicia para los Infantes Vivos, define a un “niño no nacido” como un “a miembro de la especie Homo sapiens en cualquier etapa de desarrollo que se lleve en el vientre”. Declara que un feto es una persona en cuanto es posible detectar actividad cardiaca en el embrión, por lo regular alrededor de las seis semanas.

Esos fetos pueden recibir pagos de manutención para niños y exenciones fiscales por el impuesto estatal sobre la renta de la mujer embarazada. También deben contabilizarse en “determinaciones con base en la población”, que podrían influir mapas legislativos estatales y la distribución del dinero del estado. El problema es que esa ley no explica cómo contabilizar a los fetos, pues el censo de Estados Unidos no los cuenta.

La senadora estatal Jen Jordan, que se expresó en contra de la ley antes de su aprobación, hizo notar una opinión del abogado de la legislatura estatal en que señala que, de reconocerse la personalidad jurídica del feto, Georgia tendría que pagarles prestaciones públicas a los fetos de las mujeres inmigrantes, aunque ahora no les otorga esas prestaciones a ellas, pues todas las personas nacidas en Estados Unidos se convierten en ciudadanos. También advirtió que tomar medicamentos legales que algunos doctores indican evitar durante el embarazo (aspirina y algunos antidepresivos) o incluso no recibir servicios prenatales adecuados podrían poner a las mujeres en riesgo de acciones legales. El representante estatal Ed Setzler, republicano y principal promotor del proyecto de ley, acusó a sus críticos de ser “lanzabombas”. En una entrevista, hizo notar que la prohibición no se aplica cuando un aborto se realiza como remedio para un aborto espontáneo o embarazo ectópico, o en caso de que un feto sufra un padecimiento genético “profundo e irremediable” que sea “incompatible con la posibilidad de sostener la vida tras el nacimiento”.

El feto de una mujer inmigrante, dijo, no podría pedir prestaciones porque no puede solicitar la ciudadanía conforme a la legislación federal.

Este mes, el Departamento de Ingresos de Georgia fijó la exención a 3000 dólares por embarazo para fetos después de seis semanas de gestación. En total, Setzler dijo que espera que las nuevas prestaciones para los niños no nacidos y las mujeres embarazadas le cuesten al estado entre 18 y 20 millones de dólares al año. Smith espera que más estados intenten lograr que se reconozca la personalidad fetal mediante la aprobación de leyes similares a la de Georgia, en que se declare que un feto le da derecho a la mujer a una exención fiscal. “Es otra prueba para respaldar el argumento a favor de la personalidad del feto, y le permite a un legislador antiaborto decir falsamente que apoya a las embarazadas”, señaló.

Right to Life en Georgia busca mayores avances; en su solicitud argumenta que la decisión Dobbs “es la oportunidad crucial por la que hemos orado y trabajado”, que abre camino para lograr cambios sobre la personalidad de los fetos. “Sentaremos las bases para proteger las vidas humanas inocentes, desde la etapa más temprana hasta la muerte natural, sin excepción”. Manifestantes antiaborto fuera de la Corte Suprema de Estados Unidos tras la anulación del fallo de Roe contra Wade que protegía el derecho al aborto, en Washington, el 24 de junio de 2022. (Shuran Huang/The New York Times). Manifestantes que apoyan el derecho al aborto y otros antiaborto fuera del tribunal federal en Indianápolis, el 3 de mayo de 2022. (Jamie Kelter Davis/The New York Times).