“Un discurso”: sindicato de Policía contra gobierno por “promesas” de campaña no cumplidas

A más de un año de que Yamandú Orsi firmara un compromiso de respaldo y protección a los policías cuando era candidato a la Presidencia de la República, el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) cuestionó a su gobierno, al que acusó de realizar “muchas promesas”, pero “pocos avances”.

“El ‘apoyo a la Policía’ sigue siendo discurso. Esperamos ingresos reales, salud mental y negociación colectiva, no imposiciones para favorecer a ‘amigos’”, reclamó el sindicato. En ese sentido, el Sipolna sostuvo que “la seguridad se construye con derechos y gestión seria”, y criticó al gobierno por hacerlo con “anuncios”.

Orsi firmó el compromiso el pasado 4 de noviembre después de haberse reunido con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales en Durazno. El documento, al que accedió Montevideo Portal, tiene varios puntos y propuestas concretas para el apoyo de la Policía Nacional.

En particular, como había manifestado el Frente Amplio durante la campaña electoral, Orsi se comprometió a incorporar 2.000 nuevos policías para “fortalecer las comisarias en todo el país y la Guardia Republicana”. “El ingreso del personal será por etapas, priorizando el interior del país y áreas críticas de la zona metropolitana”, añade el documento.

Además de comprometer un aumento salarial para los efectivos policiales, se estableció en el documento firmado un préstamo “limpia sueldo” para el personal policial.

Esto implica un acuerdo con el Banco República (BROU) amparado en la ley 18.358 (Consolidación de adeudos sobre sueldos y pasividades). En definitiva, se propone un crédito para aquellos policías que tengan deudas de hasta el 70% de sus salarios. Sin embargo, no se abonará el dinero directamente, sino que los funcionarios deberán brindar información sobre sus deudas al BROU, que se encargará de saldarlas. Posteriormente, se descontará el préstamo en cuotas del salario del trabajador, consigna el documento.

Vivienda, alimentación y recursos humanos

Otra de las propuestas analizadas refiere al Fondo de Vivienda, que contará con la representación de trabajadores policiales para su administración y gestión.

“Se rediseñará el Fondo de Vivienda Policial para garantizar el acceso a la vivienda y el transparente uso de los fondos provenientes de los aportes personales. La política de vivienda se orientará a préstamos flexibles y a largo plazo para la compra de vivienda que permitan elegir dónde quiere radicarse el funcionario y su familia. Se asegurará la alimentación a cargo del Ministerio del Interior a todo el personal que preste funciones en situación de horarios especiales en las comisarías seccionales de jurisdicción rural”, indica el documento.

Por otra parte, se planteó una “nueva política” de gestión de personas para que garanticen “las necesidades del servicio, otorgando una perspectiva humanista”.

En sumatoria, el Frente Amplio había marcado la necesidad de establecer una actualización del sistema de calificaciones, evaluaciones y ascensos, así como revisar la normativa sobre retiro por incapacidad física o la reincorporación a la tarea operativa.

Un largo reclamo de los sindicatos policiales en los últimos años se ha enfocado en la salud mental de los trabajadores.

En esta línea, se plantea “la creación de la Defensoría de la Policía en la institucionalidad del Ministerio del Interior, que asuma responsabilidad en materia de bienestar laboral del funcionariado policial”.

“Entre las áreas prioritarias estará la promoción de la atención prioritaria a la salud laboral del personal policial y su familia en toda su dimensión física y mental, a través de un programa específico del Sistema Nacional Integrado de Salud. En forma prioritaria, se prestará atención integral a las enfermedades profesionales de la policía, con especial énfasis en la salud mental en tanto prevención como abordaje sistémico”, apunta el documento firmado por Orsi y los colectivos policiales.

A su vez, se propone que el Instituto Nacional de Rehabilitación deje de depender del Ministerio del Interior. En ese sentido, como han adelantado distintos dirigentes políticos, se plantea la creación de un “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” en el próximo período de gobierno.

“El traslado de las cárceles fuera de la órbita del Ministerio del Interior será gradual, manteniendo este la responsabilidad de la seguridad y las actividades de inteligencia en dichos establecimientos”, se consigna en el documento.