“Tiran el fardo a otro para no resolverlo”: SCJ criticó “judicialización de la política”

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, sostuvo este jueves que no está en desacuerdo con que los jueces realicen paros para reclamar por el presupuesto, aunque aclaró que como jerarca no puede adherir a ese tipo de medidas.

En entrevista con el programa Quién es quién, Morales explicó que en la última movilización estaba “todo el Poder Judicial reclamando un presupuesto más justo”, ya que, a diferencia de otros años, los planteos de la Asociación de Magistrados y de los funcionarios fueron incorporados por la corte. En ese marco, afirmó que comprende la situación de los jueces y que, desde su rol anterior, también participó de instancias de reclamo.

“Lo que pedimos no es exagerado ni lujoso”, subrayó, y rechazó que los pedidos estén pensados para beneficiar a los magistrados. “Es para la gente”, dijo, al remarcar que cualquier ciudadano, tarde o temprano, debe pasar por un juzgado, ya sea por un divorcio, una pensión alimenticia o una sucesión.

Sobre la modernización del sistema, señaló que uno de los objetivos es avanzar en la digitalización y en el uso de herramientas tecnológicas, aunque se mostró crítica con un modelo totalmente despapelizado. “Que no haya papeles… yo no estoy del todo de acuerdo. Tengo mis dudas”, expresó, y agregó que no cree que leer en una pantalla sea equivalente a hacerlo en formato físico.

Más enfática aún fue al referirse a la posibilidad de que la inteligencia artificial tenga funciones jurisdiccionales, como ocurre en experiencias piloto en China. “Un juez con inteligencia artificial, no”, resumió, y argumentó que la tecnología puede servir como apoyo o fuente de información, pero no para sustituir la decisión humana. “Lo sencillo muchas veces se transforma en complicado”, advirtió, y remarcó que la sentencia debe quedar en manos de una persona formada en derecho.

La jerarca también vinculó las dificultades para avanzar en estas transformaciones con la falta de recursos. “Con el presupuesto de hoy es imposible el cero papel en el Poder Judicial”, aseguró, y confirmó que para este año no se asignaron partidas específicas para digitalización.

En otro tramo de la entrevista, Morales fue crítica con la situación del sistema penitenciario. A su entender, las cárceles uruguayas no cumplen con el objetivo constitucional de rehabilitar. “En general, no”, respondió al ser consultada sobre si ve procesos reales de reeducación y añadió que muchas personas salen “sin educación, sin una forma de vida digna” y, por lo tanto, no lo hacen en mejores condiciones que al ingresar.

Consultada sobre la posibilidad de instaurar la cadena perpetua, sostuvo que hoy no están dadas las condiciones para una medida de ese tipo. Indicó que, para que pudiera discutirse seriamente, deberían existir cárceles especiales y adecuadas, algo que —según dijo— está lejos de concretarse en Uruguay.

Morales también se refirió al creciente traslado de conflictos políticos al ámbito judicial. A su juicio, existe una tendencia a “judicializar la política”. “Es tirar el fardo a otro para no resolverlo”, afirmó, al señalar que muchas veces se deriva a la Justicia un problema que debería resolverse en el plano político.

Desde su rol, sostuvo que intenta mantener una mirada estrictamente jurídica y ajena a las disputas partidarias. “Mi lado es el derecho y es el jurídico”, dijo, y explicó que su función se limita a analizar si la prueba y la norma permiten una solución, aun cuando el resultado pueda no coincidir con lo que, en términos personales, se percibe como justo.

Finalmente, remarcó que la tarea de juzgar no se basa en percepciones individuales, sino en los elementos probatorios y en el marco legal vigente. “Por más justo que parezca un resultado, si no se probó o la ley dice otra cosa, no se puede forzar esa solución”, concluyó.