“Somos los dueños”: el extraño caso de un desalojo en Carrasco que incluye a la Policía

Florencia sintió, hace poco más de 15 días, que tres hombres tocaron la puerta de su casa en Carrasco Norte (Montevideo). Fue el 14 de abril. Notó que dos individuos estaban vestidos de civil y un tercero llevaba uniforme policial. Ante la situación, no dudó en destrancar y abrir la puerta, pensando que quizá le había pasado algo a una persona de su familia.

Sin embargo, cuando los individuos comenzaron a hablar, la mujer quedó sorprendida. “Venimos a pedirte que te vayas, que nosotros ahora somos los dueños de esta casa”, le dijo uno de ellos, palabras más, palabras menos.

La primera reacción de la joven fue decir que no se iría de la vivienda, que es propiedad de su pareja y de un hermano de él, quien está preso. Para ingresar al terreno, es necesaria una llave de acceso, que los tres hombres tenían en su poder. Es decir, en la entrada hay una puerta que impide el ingreso al terreno. 

Para demostrar lo que decían, los hombres le mostraron un papel de compraventa con varias tachaduras. Florencia atinó a pedir el documento, pero el individuo se negó y argumentó que no tenía copia, por lo que no podía dárselo.

La joven, que tiene dos hijos, intuyó desde el comienzo que algo estaba mal. Primero, porque la casa —además de pertenecer a los dos hermanos— era de los padres de su pareja y, para poder venderla, es necesario abrir una sucesión.

Segundo, porque para concretar la comercialización de la vivienda es necesario que ambos propietarios firmen el contrato de compraventa —en caso de que lo hicieran sin sucesión—, y su pareja en ningún momento le comunicó que había vendido la casa. Y, de hecho, se mostró tan sorprendido como ella al enterarse de la situación.

Florencia contó a Montevideo Portal que la conversación fue subiendo de tono, sobre todo porque comenzó a increpar a los hombres sobre cómo habían accedido a una llave de su casa, por qué había un policía y qué tipo de documentación tenían para intentar desalojarla.

Con un tono mucho más calmo que en ese momento, la joven recordó que le insistió varias veces al efectivo policial para que se identificara. “Yo sé que, para hacer eso, precisan una orden de desalojo y en ningún momento me quisieron mostrar nada”, señaló.

Lo cierto es que el policía —quien circulaba junto a los dos hombres en un auto particular— nunca quiso decir quién era.

Posteriormente, Florencia supo que el hombre presuntamente trabajaba en la seccional 14, que cubre la zona de Carrasco Norte. Esto lo conoció por allegados, por lo que ni siquiera sabe si efectivamente el hombre integra la fuerza policial.

La discusión continuó y el efectivo procedió a mirar por una ventana que da a una habitación donde estaban los dos hijos menores de la mujer. “Después de mirar, medio que amenazó y me dijo que no quería que los niños ‘pasen algo feo’”, rememoró.

“No va a pasar nada feo porque, si se vendió la casa, habrá una instancia de desalojo y esto tendría que ser más legal o, por lo menos, más transparente”, le respondió.

La hipótesis

Hasta hace algunos meses, en el mismo terreno de la casa de Florencia, un hombre alquilaba otra parte del predio, donde tenía un taller. Luego de varios meses, la joven y su pareja se enteraron de que el individuo tenía antecedentes penales y que en diversas instancias mantuvo discusiones con vecinos por problemas de convivencia.

Montevideo Portal accedió al nombre de la persona y corroboró que posee antecedentes por violación y abuso sexual contra menores de edad.

Florencia, sin conocer en detalle la situación, pero entendiendo que no era conveniente mantener el alquiler, decidió junto a su pareja rescindir el contrato y pedirle al hombre las llaves de acceso tanto del taller como del predio donde también está la casa.

Luego de realizar la denuncia policial, Florencia y su pareja fueron a hablar con su cuñado, que está preso. Según su versión, quien alquilaba el lugar fue a verlo y comenzó a amenazarlo de muerte para que le vendiera la propiedad.

“Nos dijo que habían ido los del taller y que le habían ofrecido plata por la casa. Él dijo que no se vendía, pero que lo extorsionaron”, relató Florencia. De hecho, esta es la hipótesis más firme para las autoridades, ya que la llave con la que ingresaron los tres hombres sería una copia de la que tenía el inquilino.

La Policía ya emitió una orden para que un complejo de viviendas cercano entregue las grabaciones de sus cámaras, con el fin de identificar a las tres personas. Además, la mujer declaró en Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que lleva adelante su propia indagatoria para determinar el rol del supuesto efectivo.

La mujer reconoce que, más allá de lo extraño de la situación, “llamó la atención que viniera un oficial uniformado y que en la seccional no hubiera ningún trámite para hacer lo que hicieron”.

En investigación

De acuerdo con el avance de la investigación, no han surgido mayores novedades más allá del hecho en sí. De todos modos, hay una serie de elementos confirmados, como que quienes alquilaban el local dentro del terreno son personas “criminalizadas”.

Además, existía un depósito de garantía de $ 70.000 en el Banco Hipotecario, y quienes estaban alquilando pretendieron quedarse con ese dinero, lo que llevó a los propietarios a contratar un abogado y llegar a una instancia de mediación en la que alcanzaron un acuerdo.

Los investigadores también tienen claro que, aun en el caso de que el propietario hubiera vendido la casa desde la cárcel, quienes hoy viven allí tienen un derecho adquirido. De igual manera, esta comercialización estaría por fuera de la ley. 

Para que abandonen la vivienda, los supuestos nuevos compradores deberían iniciar un proceso legal de desalojo, algo que hasta el momento no consta.

Hay certeza, en tanto, de que los antiguos inquilinos entregaron la llave que tenían, por lo que fueron los últimos en poseer una copia y, eventualmente, quienes pudieron haber realizado una réplica utilizada por los tres hombres para ingresar el 14 de abril.

Mientras continúan las indagatorias, a la familia le recomendaron cambiar las cerraduras y no entregar la vivienda bajo ninguna circunstancia, incluso ante amenazas.

Antes de retirarse, los tres hombres le dieron un ultimátum: regresarían en diez días y la familia debía abandonar la casa.