El Partido Nacional emitió un comunicado después de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) afirmara que la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, “violentó las normas de conducta en la función pública” al otorgar beneficios a la empresa Lanafil SA, donde su esposo es gerente.
Desde el directorio blanco respaldaron a la economista, a quien le adjudicaron “su plena confianza” y destacaron su “trayectoria”, que “se caracterizó por la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al derecho”.
El Partido Nacional se acompasó con las declaraciones de Luis Calabria, representante de la oposición en la Jutep, quien dijo que “el accionar de la exministra se ajustó a derecho y se desarrolló dentro del marco de las normas”.
“Observamos y denunciamos haciendo un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”, afirmó el directorio blanco.
El directorio blanco ratificó su respaldo a Arbeleche, así como también exigió a la Jutep que “en el ejercicio de sus competencias actúe con estricto apego al derecho, garantizando criterios jurídicos objetivos y evitando cualquier utilización del organismo con fines políticos, en resguardo de la credibilidad institucional que debe caracterizar a los órganos de control del Estado”.
En el documento de la Jutep, al que accedió Montevideo Portal, se asegura que en marzo de 2023 se recibió una denuncia anónima por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de Arbeleche como ministra.
La relación del esposo de la exjerarca con la empresa se desprende de la misma declaración jurada que la exjerarca presentó en su momento. Sostiene que, según el Código de Ética en la Función Pública, ningún funcionario debe ejecutar decisiones que involucran a empresas en las que haya vínculos familiares.
Calabria, por su parte, contrarió este argumento y aseguró que Arbeleche no obtuvo ningún beneficio personal por la decisión que tomó al firmar la resolución. Actuó, según el blanco, “acorde a derecho” y no tuvo una “desviación funcional”.
En su respuesta, la exministra aseguró que actuó en todo momento ajustado a derecho. “Actué en todo momento con estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública. El procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente en materia de promoción de inversiones, sin apartamiento alguno de los criterios técnicos aplicables”, indica el texto.
En el mismo sentido, consideró que no existió conflicto de interés porque el “beneficio otorgado constitue un acto esencialmente reglado, adoptado en el marco de la ley 16.906”.
“No se trata de un ámbito de discrecionalidad ni de apreciación subjetiva. El expediente en cuestión fue elaborado por una comisión integrada por representantes de distintos ministerios, que luego de estudiar el caso recomendaron otorgar el beneficio. En ningún momento del proceso hubo objeciones de ningún tipo a la solicitud. No hubo beneficio indebido ni trato diferencial”, sostuvo la exjerarca.
Reacciones de dirigentes blancos
El exsenador del Partido Nacional Luis Alberto Heber fue consultado acerca del fallo del directorio de la Jutep y consideró que el organismo viene “herido de muerte”. El exministro del Interior también defendió la argumentación de Calabria.
“La Jutep ya viene herida de muerte, con su presidenta [Ana Ferraris] muy cuestionada y con una visión muy partidizada, que no da garantías en el sistema político. Para mí es indignante”, aseguró Heber en diálogo con el programa Doble click (FM Del Sol).
El exlegislador aseguró que en el Poder Ejecutivo se firma “una cantidad de cosas” y muchos de esos asuntos son “meros trámites”. “Se toman decisiones en otros ámbitos. Si le corresponde una exoneración no lo dice el ministro, lo dice una comisión especializada que requiere una serie de datos. No es una decisión especial, es de trámite”, comentó.
“Tampoco está penalizado el hecho de que por ser el marido de la ministra no pueda hacer nada y tenga que ser un paria; tiene su trabajo y su proyección. Presentó una solicitud como cualquier hijo de vecino y le fue aprobada por la comisión especializada; lo que hace es ratificar lo que establece otra comisión. No es una decisión de ella”, agregó.
Por último, Heber señaló que la resolución del ente fue “traída de los pelos” con “intencionalidad política” y es un “ataque” al pasado gobierno y a la exjerarca, que finalizó su gestión “muy bien” y “muy prestigiada”.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva aseguró que el accionar de la Jutep es “inmoral”. “Es la Gestapo de la doble moral”, afirmó.
“Ojalá hubiera doscientas empresas como Lanafil invirtiendo ahora. Pero buscan una cancelación tan estúpida como tardía”, agregó.
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