¿Salud vs economía? La disyuntiva por los medicamentos de alto costo según una experta

Un "monstruo insaciable". Así definió el ministro de Salud Pública Daniel Salinas en las últimas semanas al tema de los medicamentos de alto costo, que desde hace años se ha instalado en la agenda pública del Uruguay.

Una de las profesionales que más ha trabajado en este tema es la doctora y máster en farmacología Leticia Gorriarán. El semanario Arequita, de la ciudad de Minas, donde Gorriarán nació, le realizó una entrevista a la experta donde se plantea la importancia de tener una adecuada toma de decisiones a la hora de incorporar medicamentos y sobre las políticas de salud pública que fortalezcan su uso racional.

La entrevista a Leticia Gorriarán fue remitida por sus autores a Montevideo Portal y, a continuación, se presenta un fragmento de ella.

¿De qué manera se define el concepto de medicamentos de alto precio?

Dentro del universo de medicamentos coexiste un grupo importante con características singulares comprendidos y denominados como de "alto precio". Se trata de Medicamentos innovadores, monopólicos y onerosos, cuyo costo directo es igual o superior al 40 o 50 % del ingreso del hogar donde vive un paciente que debe tomarlo, provocando un excesivo gasto para el paciente, la aseguradora y el sistema público de salud.

Por lo general cuentan con un único oferente, son de muy baja sustitución e inelásticos al precio. Además, se encuentran protegidos por el derecho de propiedad a través de las patentes.

En relación a sus efectos, no todos estos productos innovadores han logrado modificar la historia natural de la enfermedad para la cual fueron indicados. Uno de sus problemas es que muchos Medicamentos de Alto Precio sin eficacia comprobada igualmente generan demanda asociada a los fuertes intereses comerciales que suscitan.

El dilema radica en determinar cuáles son esos medicamentos que deben ser financiados por el Estado, para lo cual es necesario individualizar estrategias y políticas claras que aseguren su suministro en base a parámetros, muchos de los cuales se basan en la eficacia y evidencia científica bajo la premisa de la sustentabilidad del sistema.

¿Cómo lograr la protección de la salud y la satisfacción de todas las demandas sin desestabilizar la economía?

Ninguna decisión es ajena al conflicto ético. El enfoque no debería centrar la decisión de financiar o no los medicamentos de alto precio solo siguiendo criterios económicos, incluso cuando existan suficientes fondos disponibles para hacerlo, sino más bien sopesar la evidencia que el nuevo medicamento haya demostrado en relación al éxito del tratamiento en términos de eficacia médica, riesgo beneficio y costo efectividad.

La discusión más visible se ha centralizado en la posibilidad o no de acceder a la justicia para lograr satisfacer la necesidad de medicamentos. La pretendida estrategia de "obstaculizar" las acciones de amparo en su carácter de garantía constitucional que tutela la vida y sobrevida digna de los individuos ha sido eje central de una discusión que ha interpelado a la opinión pública. En ese contexto resulta contrario a la obligación de protección del goce de la vida y la salud por el Estado, una iniciativa que pretende cercenar garantías reconocidas en la propia Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

La solución no pasa por seguir actuando a reacción cada vez que se genera una demanda de medicamento de alto precio. Tampoco se resuelve el problema negando sistemáticamente su provisión ya que, cuando se llega a la judicialización, se termina por financiarlo.

La profundidad del tema exige la participación de la opinión pública que necesita involucrarse activamente. La paulatina generalización de los reclamos judiciales en materia sanitaria deja en evidencia en lo esencial la existencia de fallas en el sistema de asistencia y concretamente en materia de medicamentos específicos. Sin que esto implique un juicio de valor que ponga en tela de juicio el aporte sustancial que ha significado en este caso la creación e implementación del Fondo Nacional de Recursos y el alcance que las prestaciones han venido ofreciendo a miles de uruguayos desde su creación.

¿Cómo considera debería abordarse el problema del acceso a medicamentos de alto costo?

Uruguay no escapa al tema. La protección efectiva del derecho humano a la salud y acceso a medicamentos es un desafío de muchos países. Es necesario incorporar soluciones de consenso con la participación de todos los actores, de forma de mitigar los conflictos de intereses y otras razones de índole económica y financiera.

La problemática exige un análisis integrador que logre abordar sus diversas aristas para contribuir a definir criterios que cumplan en forma eficaz con las metas de justicia social de las políticas públicas sanitarias.

Hemos visto un progresivo aumento de las demandas judiciales. Ese conflicto se potenció en los últimos años al haberse ideado estrategias estatales dirigidas a limitar el acceso a la justicia de los pacientes que demandan medicamentos específicos.

Hay múltiples miradas y conflictos que por su complejidad obligan a la búsqueda de consensos y soluciones razonables entre pacientes y ciudadanos, poderes del gobierno, instituciones de salud pública y privada, industria farmacéutica y profesionales de la salud.

Es importante evitar el uso indiscriminado de los medicamentos sin parámetros que avalen su esencialidad o que evidencien prácticas irresponsables de quienes los indican, pudiendo ocultar intereses vinculados a tal indicación. Es necesario hacer un uso racional de los medicamentos.