“Quiero creerle al gobierno, porque si no es poco serio”: Manini sobre Cardama

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este jueves a la denuncia presentada por el gobierno contra el astillero español Francisco Cardama S.A., responsable del contrato por dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, valuado en más de US$ 92 millones.

En declaraciones subidas por la exministra Irene Moreira a X, Manini aseguró que “el mar territorial uruguayo no tiene vigilancia” y que, mientras tanto, “las riquezas naturales se las están robando otros sin que nosotros hagamos nada”. A su juicio, el costo de esa pérdida “es mucho más alto que lo que se pueda gastar en dos patrulleras oceánicas como esa”.

“Quiero creer que el gobierno tiene información que yo no tengo, de que la empresa no está cumpliendo con la obra, de que va a clavar a los uruguayos sin entregar las lanchas”, afirmó. “Quiero creer que hay una información de eso, porque si no, es poco serio que por una garantía de cuatro millones de euros se deje sin efecto la posibilidad de tener cuanto antes esas dos embarcaciones”, añadió.

Manini sostuvo que, según los datos disponibles, dos oficiales de la Armada se encuentran en Vigo, España, supervisando el proceso de construcción. “Se supone que hay un control. Por eso digo: quiero creer que el gobierno sabe algo que yo no sé, que realmente no nos van a cumplir y por eso lo frena”, señaló.

Agregó que, más allá de los plazos o demoras en la entrega, “lo que se precisa como el agua son las lanchas”, al considerar que la falta de patrullas implica pérdidas mayores por la explotación ilegal de los recursos marítimos uruguayos.

El comentario surge tras la denuncia civil y penal que el Poder Ejecutivo presentó contra Cardama por una garantía de fiel cumplimiento considerada falsa, emitida por una firma británica en liquidación. El contrato había sido firmado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, mientras que la actual administración, encabezada por Yamandú Orsi, decidió frenar la obra y llevar el caso a la Justicia.

Según informó Presidencia, el estudio jurídico contratado por el Estado constató que la empresa que respaldaba la garantía de Cardama estaba en proceso de liquidación desde agosto y que la documentación no cumplía las condiciones exigidas.

El Ejecutivo sostiene que la medida busca proteger al Estado ante un eventual fraude o estafa, mientras continúa el análisis jurídico sobre el contrato original y las responsabilidades de los jerarcas involucrados.