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Una vez más

“¿Quién fue engañado?”: defensa de Charles Carrera pidió su absolución en el juicio oral

El abogado del exsenador defendió la internación de Víctor Hernández en el Policial como medida institucional y sostuvo que no hubo fraude.

17.11.2026 10:36

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Montevideo Portal

La defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera pidió su absolución en la primera jornada del juicio oral en su contra. Según planteó, la decisión de atender a Víctor Hernández en el Hospital Policial y darle a su familia tickets de alimentación fue una medida institucional del Ministerio del Interior, tomada sin ocultar nada.

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, Sandra Fleitas, acusa a Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, por los que pide cuatro años de prisión.

El abogado Juan Manuel González Rossi le pidió al juez que escuchara la prueba con dos preguntas en mente, una por cada delito. “El Ministerio del Interior hizo lo que tenía que hacer. Y lo hizo a la vista de todos. ¿Quién fue engañado? ¿Cuál era la información privilegiada que se usó indebidamente?”, planteó. 

Para la defensa, en 2013 el Estado tenía dos caminos: esperar años a que un juez definiera si había responsabilidad y pagar después todo el daño, o atender a Hernández con los recursos que ya tenía y descontarlo si llegaba una condena. “El primer camino abandona a la persona; el segundo la cuida. Uno pasa de largo. El otro se hace cargo”, sostuvo.

En ese sentido, el abogado defendió que la ayuda fue “algo básico y razonable” y que también buscó proteger el patrimonio del Estado ante una eventual demanda. “No le dieron ni una clínica privada, ni una indemnización en mano, ni una casa lujosa. Le dieron una cama en un hospital público y tickets con valor de veinte mil pesos por mes”, afirmó.

Sobre el fraude, la defensa insistió en que nadie fue engañado: recordó que Carrera firmó con su nombre cada una de las órdenes de pago y que una auditoría interna registró quién las había autorizado. Agregó que Tesorería y Contaduría lo sabían, que se informó a un juez penal y que el propio Ministerio defendió la medida ante la Justicia Civil durante años. “Carrera firmó cada orden con su nombre. Nunca negó una. Cuando un instructor le preguntó, respondió. Cuando un juez le pidió informes, informó”, señaló.

En cuanto a la información privilegiada, el abogado argumentó que ese delito requiere información de carácter reservado, y que el sobrante de tickets no lo era. “No existe ninguna resolución que haya declarado reservada esa información. No la trae la Fiscalía. No la va a ver, porque no existe”, planteó.

La defensa sostuvo además que Carrera no conocía a Hernández ni a su familia, que no obtuvo ningún beneficio y que, cuando la Fiscalía pidió su desafuero, renunció a su banca en el Senado. “No se escondió detrás de sus fueros: vino a responder como cualquier ciudadano”, afirmó.

En el cierre, el abogado pidió que se juzgue la decisión con la información disponible en 2013 y no con lo que se supo después. “El delito de fraude necesita un engañado. El delito de utilización indebida de información privilegiada necesita, para empezar a hablar, información reservada”, sostuvo.

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