“Que se investiguen las circunstancias”: trabajadores de la salud ante muerte de enfermera

La Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) emitió en las últimas horas un comunicado acerca del sonado caso de la joven enfermera Florencia Amorín, quien se quitó la vida en aguas del Río de la Plata.

Tal como informáramos, Amorín, de 27 años, estaba siendo investigada por el presunto robo de fármacos estupefacientes y maniobras con recetas en el Hospital Evangélico, en un presumible contexto de adicción.

En su comunicado, la FFSP expresa su pesar por lo sucedido y transmite sus condolencias a los allegados a la trabajadora, quien también cumplía funciones en el Hospital Español.

“Los hechos conocidos públicamente en las últimas horas, vinculados a una investigación por el retiro irregular de medicamentos controlados y el posterior fallecimiento de la trabajadora, nos obligan a realizar una reflexión profunda que trascienda el caso particular”, señalan desde la federación.

“No podemos reducir una situación de estas características a una falta disciplinaria, a un delito o a una conducta individual sin analizar integralmente qué estaba atravesando esa trabajadora y qué herramientas de prevención, acompañamiento y asistencia existían a su alcance”, subraya la misiva.

Para los funcionarios agrupados en el mencionado colectivo, “la salud mental y las situaciones de consumo problemático constituyen una realidad que también atraviesa a quienes trabajan en el sistema de salud”, y destacan que “enfermeras, auxiliares, médicos, técnicos y demás trabajadores están expuestos diariamente a situaciones de enorme exigencia emocional, estrés, sobrecarga laboral, sufrimiento y contacto permanente con el dolor y la muerte”.

Justamente por eso, consideran que “cuando existen señales de sufrimiento, consumo problemático o deterioro de la salud mental, la respuesta no puede ser exclusivamente disciplinaria o punitiva. Es imprescindible contar con mecanismos institucionales capaces de detectar tempranamente estas situaciones, garantizar confidencialidad, brindar asistencia profesional y acompañar al trabajador y a su entorno”.

Desde la federación se entiende que “la seguridad en el manejo de medicamentos controlados es, naturalmente, una responsabilidad que debe ser garantizada y contar con todos los mecanismos de control necesarios”. Dicho esto, puntualizan que “control y asistencia no son conceptos contradictorios”, ya que “una institución puede y debe proteger a los pacientes, garantizar la correcta utilización de los medicamentos y, al mismo tiempo, desarrollar políticas de prevención y atención para sus trabajadores”.

“Este doloroso desenlace debe interpelarnos como sociedad y particularmente como sistema de salud”, prosigue la carta, en la que los trabajadores exigen “que se profundicen las políticas de prevención y atención de la salud mental y de los consumos problemáticos de los trabajadores de la salud, con equipos especializados, mecanismos de detección temprana, protocolos claros y garantías para que pedir ayuda no signifique quedar expuesto, estigmatizado o perder automáticamente la fuente laboral”.

Asimismo, se considera necesario “que se investiguen a fondo las circunstancias que rodearon este caso, con respeto por la familia y evitando juicios apresurados, estigmatizaciones o conclusiones que no hayan sido establecidas por las autoridades competentes”.

“Detrás de cada trabajador hay una persona. Cuidar a quienes cuidan también debe ser una prioridad del sistema de salud”, sostienen