¿Qué es Albor, el grupo que apoya a Recarey y que estaría detrás de amenazas a juezas?

El fiscal Diego Pérez tomó declaración a 14 personas este miércoles, tras las amenazas que denuncian haber recibido las tres ministras del Tribunal de Apelaciones que se encargaron de revocar el fallo del juez Alejandro Recarey, quien había suspendido la vacunación anticovid en menores de 13 años.

Pérez expresó en el programa Doble click (Del Sol FM) que las personas citadas pertenecen al grupo Albor, quienes creen en el “derecho natural” y están en contra de la vacunación contra el coronavirus.

Este grupo, oriundo de Paysandú, presentó una carta que fue considerada como una amenaza contra las ministras Martha Alves, Marta Gómez y Mónica Bortoli, que integraron el tribunal de alzada.

En la carta, a la que tuvo acceso Montevideo Portal, los firmantes dicen actuar “desde la jurisdicción de Ley Natural y aplicando el principio de Erga Ommes (que aplica a todos)”.

El texto, además, tiene frases en latín que indican que una “presunción decae cuando la verdad prevalece” y acusa a la juezas de “incumplir un contrato”, dar “falso testimonio” y “cometer un crimen grave”.

Norman Giuria, el abogado defensor de los citados, comentó a Montevideo Portal que considera que no corresponde tildar de amenaza el mensaje que enviaron a las ministras. “Uno se puede sentir amenazado en su fuero íntimo, pero no es explícito porque en ningún momento se faltó el respeto”, sostuvo.

Agregó que luego de los allanamientos, las 14 personas fueron trasladadas con pasamontañas “como si fueran unos terroristas”. Sobre la posición que tiene el grupo ante la vacunación contra el coronavirus, Giuria dijo que no “están de acuerdo con introducirse sustancias desconocidas”.

“No son antivacunas, simplemente tienen otra concepción... más confrontativa, digamos”, aclaró.

“Antidesinformación”

El grupo Albor ya se manifestó en contra de la vacunación y en octubre de 2021 aseguraron que el gobierno “discrimina” a los jóvenes que no están vacunados contra el coronavirus.

En ese momento, expresaron que los organizadores de eventos estaban “violando la Constitución, tratados internacionales firmados por Uruguay y muchas leyes” que indican que nadie le “puede preguntar a una persona si está vacunada”.

“Que no discriminen, que no hagan algo que el Ministerio de Salud Pública los impulsa a hacer pero después no se va a hacer cargo”, dijo uno de los integrantes de Albor en una entrevista publicada por Paysandú TV.

El mismo medio consignó que, tras el fallo de Recarey a comienzos de julio, los miembros de Albor vivieron “muy de cerca” el minuto a minuto hasta conocer la determinación judicial. “Nos alegramos muchísimo”, dijo uno de ellos.

Días antes, el grupo se manifestó en la plaza Constitución de la ciudad de Paysandú para demostrar el apoyo a la intimación que había hecho la Justicia para que el Ministerio de Salud Pública y Presidencia presentaran la información con respecto a los contratos celebrados con el laboratorio Pfizer.

“Recarey nos da la razón en dos años y pico. Nosotros pedíamos información. No somos antivacunas, somos antidesinformación”, sostuvo. Argumentó que, para el grupo, la vacunación es “un experimento” porque el Poder Ejecutivo firmó un contrato “de espaldas a la gente”.

“Por fin un juez nos escuchó, se hicieron muchos pedidos a la Justicia que no se contestaron o se contestaron a medias”, agregó.