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Felipe Carballo, senador del Frente Amplio (FA), se refirió este martes a la deportación de Juan Pedro Martínez Piedraita, migrante uruguayo afrodescendiente que fue expulsado de Argentina a mediados de julio.
En sesión de la Cámara alta, el legislador denunció la “grave situación” del hombre, “radicado en Argentina desde hace 19 años” y “esposo de una ciudadana argentina y padre de tres hijos nacidos allí”.
La defensa de Martínez aseguró en su momento que la deportación fue “ilegal” y afirmaron que se contravino la normativa actual, que emana de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y que endurece la ley anterior.
“Vivía en Argentina con residencia temporaria y en 2022 inició el trámite para acceder a la residencia permanente en base al vínculo con sus hijos. En 2023 se dictó una orden de expulsión sin audiencia, sin notificación personal y sin que en ningún momento el Estado argentino considerara el derecho de esos niños a crecer con su padre”, expresó Carballo.
En ese sentido, sostuvo que fue “víctima de una política migratoria racista, arbitraria, violatoria de los derechos fundamentales”.
“No estamos ante un simple caso migratorio. Estamos ante una política, específicamente un decreto sobre migraciones, que criminaliza a las personas negras, migrantes y pobres”, sostuvo.
Según el senador frenteamplista, hay “carácter racial” en “esas expulsiones”, por “la manera en que el aparato estatal argentino construye un enemigo interno con rostro, color y origen”.
“Se castiga al migrante, pero sobre todo al migrante racializado. No podemos permanecer en silencio ante esta violencia institucional”, dijo.
Carballo compartió un fragmento de su exposición parlamentaria en la red social X: “Nuestro compromiso debe ir más allá de nuestras fronteras: no se trata solo de construir políticas antirracistas en Uruguay, sino también de contribuir activamente a la erradicación del racismo donde sea que se manifieste, en defensa de la dignidad de todas las personas”.
El dirigente pidió la intervención de la Unidad para el Tratamiento Étnico-Racial de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como que su denuncia pública sea transmitida a Cancillería, al Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones afro y todas las juntas departamentales del país.
El Ministerio de Seguridad Nacional argentino publicó la semana pasada en redes sociales: Tenía causas por violación de domicilio, amenazas y desobediencia reiterada. Lo expulsamos del país y lo entregamos a la Justicia uruguaya para que rinda cuentas. A través del DFI de la PFA, lo trasladamos a Montevideo y entregamos a la policía de Uruguay para su custodia y juzgamiento. Ahora lo espera todo el peso de la ley”.
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