El senador colorado Robert Silva envió este jueves un pedido de informes a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, con el fin de obtener información sobre la designación de la directora del Instituto Nacional de Colonización (INC), Karina Henderson, a quien cuestionan por haber sido colona. Además, critican el mecanismo para que se habilitara la compra de la estancia María Dolores.
En ese sentido, Silva, de acuerdo con el documento al que accedió Montevideo Portal, busca saber la fecha en la que la jerarca fue designada y qué día tomó posesión en el directorio; si participó de la polémica compra de la estancia María Dolores; si continúa integrando el directorio, y cómo dejó de ser colona para asumir como directora del INC, un requisito excluyente para liderar la institución.
El pedido de informes del legislador colorado surge en el medio de la polémica en torno a la compra de la estancia María Dolores, un predio de más de cuatro mil hectáreas, que tiene un precio de US$ 32,5 millones. Tras esta situación, Eduardo Viera, expresidente del INC renunció a su cargo por haber asumido mientras era colono.
La oposición reaccionó el pasado miércoles ante la noticia de que el Tribunal de Cuentas realizó cuatro observaciones sobre la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC), realizada en mayo de este año. El organismo aseguró que la adquisición fue para “desarrollar una colonia lechera de referencia nacional”.
El senador colorado Gabriel Gurméndez apuntó contra Henderson, a quien tildó de “haber violado la Constitución”, como Viera.
“Para disimular, renunció como cotitular del campo… y dejó como único titular a su marido. ¿Nos toman por tontos? Es la directora que, minutos después de asumir, votó la compra de una estancia por 32 millones de dólares. Ni tiempo de leer el expediente tuvo”, afirmó.
A su vez, indicó a Montevideo Portal que el directorio del INC está citado para votar este viernes 27 de junio la reiteración del gasto y de las observaciones del Tribunal de Cuentas. “Con eso mañana se termina de cerrar la compra”, indicó.
Silva también busca información respecto a si Henderson y su esposo tienen “sociedad conyugal”. En caso de que esa respuesta sea afirmativa, el senador busca una copia de los antecedentes y la base normativa que se usó para realizarla.
El senador Sebastián Da Silva sostuvo que si el INC “escritura” esa compra, llamarán a comparecer al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.
“Nosotros venimos denunciando la falta de plan, las absolutas irregularidades de un instituto que el ministro, a los días de asumir, dijo que estaba fundido y salió a comprar un campo por un capricho. No son una pavada las cuatro observaciones. No se puede, con la plata de la gente, disponer US$ 32,5 millones como si fuera cualquier cosa”, dijo el senador a Subrayado.
Da Silva recordó que el INC tiene plazo hasta el 30 de marzo para escriturar la compra. “Quiero ver cómo resuelven el tema, sobre todo las mayorías necesarias para comprar un campo, que no las tuvieron. Tuvieron tres votos cuando la ley obliga a tener cuatro. ¿Por qué tuvieron cuatro después? Porque el capricho pudo más”, afirmó el legislador.
En ese sentido, el dirigente de Espacio 40 cuestionó la designación de Viera y aseguró que “estaba violando la Constitución”. Luego, apuntó contra “otra directora que entre gallos y medias noches sin analizar nada fue y levantó la mano” para votar la compra.
“Está confirmado que todo el episodio de María Dolores, la primera inversión del FA, marca una enorme cantidad de irregularidades e ilegalidades”, afirmó el senador. En esa línea, Da Silva dijo que “son groseras irregularidades, que en estas horas veremos el INC cómo lo resuelve”.
En la misma línea, Pedro Bordaberry recordó que la Constitución “establece que los directores de Colonización no pueden ser directores y colonos” y sostuvo que el gobierno del FA nombró “dos colonos directores y así consiguieron tres votos en cinco para aprobar en forma ilegal la compra de un campo”.
Según el líder de Vamos Uruguay, el INC aprobó la compra de la estancia por tres votos y dos en contra, en contraposición a lo que establece la ley: cuatro de cinco.
“No alcanzaron la mayoría; se los dice la ley y el Tribunal de Cuentas; siguen adelante pese a lo que dictamina el Tribunal y dice la ley”, expresó. “Reconocen que hubo un manejo administrativo desprolijo, a nuestro juicio fue irregular; hemos pedido a nuestros asesores jurídicos que analicen las responsabilidades penales que puedan existir”, agregó.
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