La Operación Océano marcó un antes y un después en la historia judicial uruguaya. Lo que parecía un trágico pero simple hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente terminó develando una trama de explotación sexual sin precedentes por la complejidad del caso y la cantidad de implicados.
En marzo de 2020 apareció el cadáver de una joven en el arroyo Solís Chico. Ese hallazgo se vinculó con una denuncia presentada a finales del año anterior hacia un hombre en Maldonado. Con esas dos génesis, el caso comenzó a caer por su propio peso. Adultos y adolescentes empezaron a circular entre los documentos de Fiscalía como presuntos victimarios y víctimas de una trama que implica a personas de varios niveles socioeconómicos. Hoy en día suman una cantidad de 22 víctimas, 32 imputados y un condenado.
A la gran mayoría de ellos se la juzga por "retribución o promesa de retribución a adolescentes a cambio de la ejecución de actos sexuales o eróticos", según el artículo 4 de la ley 17.815. En este aspecto se encuentra uno de los mayores dilemas del caso, comprendido por la delgada línea que separa lo que es una retribución de lo que no. Sin tomar en cuenta los juicios morales que puedan surgir sobre una relación entre personas con tanta diferencia de edad, en base a los principios generales del derecho un menor de edad mayor de 16 años puede tener relaciones consentidas con quien quiera. El delito está en la retribución y en las relaciones entre menores de 15 años con adultos cuya diferencia exceda los ocho años. La discusión moral es extremadamente válida, pero no está contemplada en el ámbito judicial.
Los imputados pueden ser clasificados en 3 grandes grupos según sus responsabilidades en el caso. Por un lado, están los que tuvieron relaciones sexuales sabiendo que esas mujeres eran menores de edad. Por el otro están los que no llegaron a tener contacto con las adolescentes, sino que solo conversaron por mensajes. De ellos, algunos intercambiaron material fotográfico. Entre medio de estos dos grupos, se encuentran los que tuvieron relaciones pero afirman no haber sabido que la relación la estaban teniendo con una menor de edad o incluso afirman haber comprobado con documentos de identificación la mayoría de edad de las presuntas víctima.
Fiscalía tiene un año para investigar la causa y después de ese año puede llegar a pedir uno más de prórroga. Luego de eso se realizará el juicio, en el cual la decisión ya pasa a estar en manos de la Justicia y no de Fiscalía.
Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en ese primer episodio en Maldonado? ¿Qué dicen las presuntas víctimas? ¿Se trata de una red de explotación sexual infantil? Todo eso en esta nueva edición de Portal Explica, por Juan Ignacio da Silva.