Este lunes, la comisión parlamentaria que investiga la compra de la estancia María Dolores recibió a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC), quienes destacaron el intercambio como “amable y civilizado”. 

La comparecencia buscó responder una serie de cuestionamientos por parte de legisladores de la oposición en torno al proceso de compra del predio, el cual consideran que se hizo por “una obstinación política”. El diputado del Partido Colorado Carlos Rydström señaló que las críticas centrales se enfocaron en tres ejes: la justificación del precio pagado, la fundamentación de la compra y el momento en que se realizó.

“Tenemos enormes dudas de cómo fue el proceso de tasación, de qué tan bien se puede tasar un sistema de riego de casi US$ 3 millones mirando imágenes satelitales, y parte de todo lo que fue el proceso en el que creemos que hubo una obstinación política de querer comprar esta estancia a como dé lugar, y después tratar de hacer encajar en el procedimiento todos los demás pasos”, dijo Rydström.

En ese sentido, mencionó que nunca hubo un proyecto original claro, lo que también pone en duda la justificación de la inversión de más US$ 32 millones

“Una y otra vez vemos cómo va cambiando el plan de fondo: primero eran 16 colonos, ahora son seis. Antes los olivos no se iban a utilizar; ahora quizás sí. También está la duda sobre si existe aprobación ambiental para el feedlot. Para nosotros, esto demuestra que primero se definió lo político, lo que se quería hacer, y después se vio si lo jurídico acompañaba o no”, comentó Rydström.

Además, la oposición elevó un listado preliminar de personas a convocar por la comisión investigadora. Entre los nombres aparecen el expresidente de Colonización Eduardo Viera, representantes de la Universidad del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y de la Universidad de la República (Udelar), así como el técnico en riego que fijó el valor del sistema instalado en la estancia.

Por su parte, el presidente del INC, Alejandro Henry cuestionó la instancia. “Nosotros entendemos que si está todo en la justicia, este paso está un poco de más”, señaló, aludiendo a la denuncia penal presentada en setiembre del año pasado por los partidos Nacional, Colorado e Identidad Soberana para investigar un posible fraude y abuso de funciones en el proceso de compra de la estancia.

“Los invitamos a todos los diputados a recorrer María Dolores, es un emprendimiento del que estamos muy contentos. En ocho meses que hayan llegado ya a 49 productores más de 70 camiones de granos, y hayan llegado 143 camiones de maíz de planta entera también a otros productores nos parece fundamental”, indicó Henry. 

Consultado sobre la licitud del proceso de compra, Henry fue claro: “Nosotros siempre tuvimos claro que la legalidad es un elemento totalmente discutido y acabado. Los que no lo entendieron así lo llevaron a la justicia, y será la justicia la que determine en última instancia si los procesos se llevaron adelante con todos los requisitos competentes”, concluyó el presidente.

Por último, desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio Gabriel Tinaglini remarcó que los cuestionamientos que se hicieron ya fueron respondidos en otras instancias. “Se están reiterando las mismas preguntas dándole otro contexto, pero las respuestas son exactamente las mismas”, indicó. 

“Quedó bien claro que es un predio muy particular en un área estratégica de desarrollo, sobre todo del sector lechero, y eso le da valor, más el equipamiento de riego que si mal no recuerdo anda en US$ 3.600.000”, manifestó Tinaglini.

El diputado oficialista expresó que se debe convocar a la comisión investigadora al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), al Instituto Nacional de la Leche (INALE) y a las gremiales agropecuarias, ya que son actores fundamentales en el funcionamiento y para el propósito de la estancia.