“No queremos un cambio cosmético”: abogados penalistas por proyecto de reformas en el CPP

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) se hizo presente este martes en el Parlamento para intercambiar en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado sobre el proyecto de ley para la reforma del Código de Proceso Penal (CPP).

En el marco del estudio de la iniciativa enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, el cual fue abordado por el Grupo Asesor Técnico tras más de seis meses de trabajo, los legisladores recibieron a la agrupación de penalistas para intercambiar sobre posibles propuestas.

Por parte de AAPU asistieron su presidente Enrique Moller, Gonzalo Fernández, Beatriz Scapusio, Laura Robatto, Homero Guerrero, Juan Fagúndez, Diego Durand, Jorge Barrera y Daniel Piedra.

En diálogo con Montevideo Portal, Fagúndez aseguró que en la convocatoria realizaron “planteos” sobre las modificaciones que pretende la asociación y que el gobierno “no hace”. Entre ellas, mencionó “modificaciones fundamentales” en los juicios abreviados, en los que prevén introducir mecanismos de revisión posteriores a la firma del acuerdo. Según se señaló, hoy puede ocurrir que una persona acepte el acuerdo —contando incluso con asistencia— y, con el paso del tiempo, entienda que no era lo que creía o que no comprendió plenamente sus implicancias, especialmente en relación con las penas acordadas.

Ante esto, se planteó la necesidad de analizar posibles modificaciones que permitan contemplar estos casos y ofrecer una vía de reparación. “Buscar una forma de que haya una marcha atrás en los acuerdos”, explicó Fagúndez.

Por otro lado, el abogado contó que desde AAPU buscan introducir modificaciones en los juicios, planteando que la acumulación de pruebas de la investigación seguirá a cargo de Fiscalía, quienes —en esta propuesta— no tendrán la obligación de intercambiar información con la defensa de los acusados.

Esto hará que el juez de garantía “no actúe más”, ya que los datos recabados por el Ministerio Público serán derivados al magistrado a cargo del juicio.

Además, busca “restaurar” el procesamiento: “Lo fundamental es que la formalización es simplemente algunas medidas que no interfieren con la vida del sujeto y menos con la libertad, son medidas nada severas. Después si hay una necesidad de prisión o detención domiciliaria o lo que fuere, ahí hay que ir a lo que antes se llamaba y ahora se vuelve a llamar el procesamiento”. Esto último en referencia al proceso que se utilizaba en el viejo código, que regía hasta 2017. 

Para que esto suceda, las autoridades deberán tener pruebas de la participación del acusado en el crimen.

“La idea es que salga realmente algo que proteja los derechos de la persona que cometió el delito y de las víctimas”, aseguró, en referencia a los objetivos de la reforma.

Por otro lado, mencionó que desde AAPU platearon la aplicación de la querella privada, por lo que los delitos menores pueden ser tratados por un abogado “sin que participe la Fiscalía”, lo que es “importante” ya que “va a tener una descompresión de trabajo” del Ministerio Público.

“Nosotros pretendemos que realmente cambien no que sea un cambio cosmético”, sentenció.