La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, compareció este martes ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, instancia en la que brindó explicaciones sobre la reducción aplicada a la sanción contra la anestesista por su actuación en la operación en la que falleció Soledad Barrera.

Inés Miralles, condenada por homicidio culposo en el caso de la muerte de la pediatra Barrera, recibió una reducción en su inhabilitación profesional, lo que generó una reacción en legisladores de la oposición, quienes optaron por convocar a la ministra al Parlamento.

De acuerdo con la versión taquigráfica, a la que accedió Montevideo Portal, en la sesión Lustemberg explicó que las decisiones que tomó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en torno a este caso fueron anteriores a que ella asumiera como titular de la cartera. 

Pese a ello, reconoció que la única intervención que tuvo fue la de la reducción de la sanción, la que había sido reclamada por Miralles, explicó.

“Si la doctora Miralles no recurría la resolución no correspondía que en mi calidad de ministra la evaluara y, por tanto, analizara la sanción propiamente dicha”, admitió.

Según Lustemberg, el MSP había resuelto que la anestesista incurrió en cuatro acciones de mala praxis: la extubación “apresurada” una vez que la paciente recuperó el ritmo cardíaco; que la paciente permaneciera demasiado tiempo en la sala de recuperación después de la operación sin ser derivada oportunamente al CTI y sin el soporte respiratorio que requería su cuadro clínico; que se retirara del block quirúrgico sin dar aviso y sin dejar a nadie a cargo; y, por último, la omisión del registro de los controles realizados, los cuales fueron asentados cinco días después.

Por esto, la cartera resolvió sancionar a Miralles con cinco años de inhabilitación.

Por otro lado, la jerarca explicó cuáles fueron los argumentos que presentó la anestesista condenada para apelar a la sanción. Según detalló, la acusada presentó un recurso en el que afirmaba que existían “gravísimas irregularidades formales y sustanciales, la privación del derecho de ejercer la profesión médica sin pruebas concluyentes, basada en una investigación privada y sin intervención de un perito anestesiológico, la grave violación de la garantía de defensa”.

Ante esto, Lustemberg aseguró que, para tomar la decisión de reducir la sanción a tres años, accedió a un informe de la División Jurídica del MSP, que “respalda el accionar de la comisión”. Pese a ello, reconoció que en el recurso presentado por la anestesista se constataron algunos aspectos formales de la investigación, lo que motivó la reducción de la pena.

Además, se amparó en los criterios aplicados en los antecedentes, debido a que "en otros casos similares la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión no excedió los tres años".

“La propuesta de baja de quantum de sanción tuvo que ver con un análisis jurídico y no con el fondo del asunto. Resulta más trascendente en esta instancia preguntarnos qué podemos hacer para que este tipo de situaciones no ocurran más, qué medidas se pueden tomar para prevenir y controlar”, agregó. “El tema no se agota en la extensión de un plazo de inhabilitación, que, además, está sujeto a reconsideración; es mucho más complejo y más profundo que eso”, reconoció.

“No hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles. Las decisiones que he tomado y tomo están enmarcadas en los principios éticos que rigen mi vida profesional y, por tanto, también asumo en el ejercicio de la función pública”, afirmó.