La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió a la situación del científico Gonzalo Moratorio, quien presentó un recurso de amparo contra el ministerio para acceder a un medicamento de alto costo en el tratamiento de un tumor cerebral agresivo.
“Primero, yo lo que quiero dejar en claro es mi alta sensibilidad con el proceso de enfermedad que está atravesando y llevando adelante Gonzalo Moratorio, como sucede con cada una de las personas de nuestro país que recurren a los juicios de amparo por medicamentos y prestaciones que no están garantizadas por los prestadores ni por el Fondo Nacional de Recursos”, dijo Lustemberg.
Según señaló la jerarca, cuando asumieron como gobierno se encontraron con que hay más de 300 procedimientos y medicamentos que no forman parte del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) ni en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).
“Por lo tanto, los pacientes y usuarios del sistema de salud deben recurrir a un recurso de amparo y ahí, de acuerdo al fallo del Poder Judicial, se decide o no [si se hace lugar al recurso]. Pero es una resolución que toma el Poder Judicial y que luego intima al Ministerio de Salud Pública”, explicó Lustemberg.
La ministra sostuvo que en 2025 Uruguay destinó US$ 158 millones a medicamentos y procedimientos fuera del PIAS y el FTM. No obstante, admitió que es necesario revisar el sistema e incorporar prestaciones que hoy no están contempladas.
“Fíjense que ni siquiera tenemos las ablaciones cardíacas dentro de estas prestaciones, por lo que estamos muy enfocados en analizar cuáles son esos medicamentos y procedimientos que sí deben incorporarse, para que las personas —cuando exista evidencia científica— no tengan que pasar por este proceso de amparo”, afirmó Lustemberg. “No es fácil asumir esto, porque es Gonzalo Moratorio, pero también son muchas personas cuando recurren a estos servicios”, agregó.
El abogado de Moratorio, Rodrigo Rolón, afirmó este martes que el científico “depende de esta medicación para continuar con su vida”, y que se encuentra “estable”, pero con las últimas dosis disponibles del tratamiento que reclama ante el Estado.
El medicamento cuesta alrededor de US$ 30.000 mensuales. De acuerdo a la defensa, tanto el Fondo Nacional de Recursos como el Ministerio de Salud Pública respondieron de forma negativa al pedido.
La audiencia judicial se desarrolla este jueves en el Juzgado Letrado en lo Civil de 13º turno.