Contenido creado por Agustin Zabala
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Del lado soleado de la calle

“Nada crece a la sombra” respondió a informe que apuntó a su vínculo contractual con el MI

El informe, realizado por el programa “Así nos va”, se preguntaba por qué el MI contrataron de manera “arbitraria y discrecional” a la organización civil.

12.02.2019 17:23

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2019-02-12T17:23:00-03:00
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Montevideo Portal

Un informe periodístico realizado por el programa radial "Así nos va", conducido por las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, apuntó este lunes contra el modo de contratación entre el colectivo socioeducativo "Nada crece en la sombra", que promueve políticas de esa índole en las cárceles uruguayas desde el 2014, y el Ministerio del Interior.

El informe fue iniciado luego de que las periodistas solicitaran un pedido de acceso a la información al a la cartera para conocer por qué se contrató a esta organización a través de la modalidad de contrato de tallerista zafral, de manera "absolutamente arbitraria y discrecional".

"¿Nada crece a la sombra empezó a funcionar tras un llamado a licitación por parte del Ministerio del Interior? No ¿Llegó tras haberse presentado a un fondo concursable? No ¿Compitió con alguna otra organización civil interesada en brindar espacios de recreación y taller a los privados de libertad? No. Las autoridades del Ministerio del Interior lo resolvieron de forma absolutamente arbitraria y discrecional", se preguntan, y se responden, en el informe.

El MI respondió a ese pedido aduciendo que "Nada crece a la sombra" es una asociación integrada por "profesionales en distintas áreas cuyas trayectorias profesionales demuestran idoneidad y formación para las tareas asumidas: sociólogos, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, educadores sociales, gestores culturales, comunicadores, jugadores de fútbol, profesores de educación física, entre otros".

La cartera señaló que la organización fue contratada a través de la modalidad de tallerista zafral, con un contrato de seis meses de duración y con una prórroga de seis meses más iniciándose en enero de 2018. A partir de ese entonces, 10 personas fueron contratadas para dirigir y establecer talleres en los reclusos de los módulos 4, 8 y 10 del Comcar.

Las periodistas también cuestionan que los trabajadores comenzaron a visitar el Comcar en abril de ese año, a pesar de percibir un salario desde enero, y reclaman que el ministerio dé información al respecto de la evaluación hecha del programa.

La respuesta de Nada crece a la sombra:

En un comunicado lanzado el lunes por la noche, la organización detalla que desde 2014 han trabajado en distintas unidades penitenciarias para intentar "reducir la violencia, cambiar las formas de vinculación y mejorar la calidad de vida" en los centros de privación de libertad.

Las afirmaciones que realizó "Así nos va", detalla el comunicado, tienen una "intencionalidad evidente": "Desacreditar nuestro trabajo en cárceles y generar un daño público sobre la imagen de nuestro colectivo", además de lograr "postergar el urgente debate" que la sociedad debe darse sobre las condiciones de las cárceles uruguayas.

La organización señala que desde 2014 sus trabajadores fueron voluntarios y que, después de años de trabajo sumados a las "dificultades de sostener un voluntariado", se tuvo la "convicción" de que había que "profesionalizar" las tareas que realizaban y llevarlas adelante en una política pública.

Es por eso que en 2018 el programa realizó una experiencia piloto en la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), que fue apoyada "parcialmente" por MI. La evaluación a esta iniciativa fue llevada "adelante durante todo el año" y actualmente, especifican, se están procesando los datos para "compartir las conclusiones públicamente a fin de este mes":

"Nuestra organización no fue contratada como tal por el Ministerio del Interior. La vinculación que existió es la contratación a través de la modalidad "tallerista zafral". Esta modalidad de contratación no fue creada para nosottors, está habilitada por la ley 18.719, artículo 224, y es usada en más de un programa socioeducativo", sostiene la organización, además de puntualizar que son contrataciones "que no prevén vinculación con la función pública".

"Fueron contratadas 10 personas, a las que se sumaron otras 20 que realizaron tareas de forma honoraria y no tienen ninguna vinculación formal con el Ministerio del Interior", agrega.

El valor de los contratos, agregan, es de 20 mil pesos nominales por una dedicación horaria de 40 horas semanales: "Cada tallerista percibió el pago líquido de 100 pesos por hora de trabajo".

La organización explica que los contratos iniciaron su vigencia el 31 de enero del 2018, y que durante febrero el equipo se capacitó para llevar adelante una "intervención integral". Además, se trabajó en el diseño del perfil de los participantes, en la selección de los grupos y en la planificación anual.

"Desde marzo desarrollamos actividades ininterrumpidas en tres módulos del ex Comcar. Trabajamos en el módulo 8, que es el más violento, en el módulo 10, también de alta complejidad y con las mujeres trans", remarcan.

La organización finaliza el comunicado señalando que están convencidos de que la inversión pública en políticas de rehabilitación es una "herramienta clave para reducir la violencia en las cárceles y así contribuir directamente a la seguridad del país". 

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