“Modelo autocrático”: penitenciarios rechazan proyecto de descentralización del INR

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe) emitió un comunicado rechazando el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone crear el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como organismo descentralizado y cuestionando la forma en que se presentó la iniciativa, al denunciar la falta de negociación con los trabajadores penitenciarios.

“La presentación del proyecto de Ley de Descentralización del INR no es más que un simulacro de diálogo”, señaló O.Fu.Ci.Pe, que acusó a la cartera de “ignorar, una vez más, la Ley de Negociación Colectiva” y de intentar avanzar en cambios que, a su entender, comprometen el futuro laboral de los funcionarios de las cárceles.

Entre los principales cuestionamientos, el sindicato criticó el modelo de conducción previsto para el nuevo organismo. El proyecto establece que el instituto sea dirigido por un director general con autoridad sobre la gestión, el presupuesto y el personal, algo que la organización calificó como un “modelo autocrático”.

En ese sentido, O.Fu.Ci.Pe planteó que la conducción del sistema penitenciario no debería concentrarse en una sola persona y reclamó la creación de un directorio colegiado de cinco integrantes, con participación de un representante de los trabajadores elegido por sus pares.

El sindicato también cuestionó lo que considera un trato desigual entre distintos escalafones del sistema penitenciario. Según sostuvo, el proyecto consolida una división entre funcionarios de “clase A” y “clase B”, al permitir que efectivos policiales del escalafón “L” puedan salir en pase en comisión mientras que los operadores penitenciarios del escalafón “S” quedan excluidos de ese régimen bajo el argumento de que son “un escalafón especializado en seguridad”.

Para la organización, esta diferencia constituye una “arbitrariedad” que fractura el sistema y afecta la carrera administrativa de los trabajadores penitenciarios. “¿Y los policías? ¿Ellos no están especializados para la seguridad?”, cuestionó.

Además, O.Fu.Ci.Pe acusó a la actual administración de mantener una “práctica sistemática de vulneración de derechos” y de excluir a los funcionarios de las decisiones sobre transformaciones que afectan su trabajo.

Ante este escenario, el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización, y advirtió que, si no se habilita una instancia de negociación real, el conflicto podría escalar.

El proyecto de ley

La iniciativa remitida el pasado mes de febrero por el ministro del Interior, Carlos Negro, plantea la creación del Instituto Nacional de Reinserción como un servicio descentralizado, que reemplazará al actual Instituto Nacional de Rehabilitación y contará con mayor autonomía operativa respecto del Ministerio del Interior.

El organismo tendría a su cargo la administración del sistema carcelario, el control de las unidades penitenciarias y la elaboración y aplicación de políticas orientadas a la reinserción social de personas privadas de libertad o sometidas a penas alternativas. La propuesta prevé, además, que la institución sea conducida por un director general, responsable de la conducción del organismo y de las decisiones vinculadas a su gestión administrativa, los recursos económicos y la administración del personal.