“Listos para ir a Fiscalía”: intendente arachán presentó auditoría a la gestión anterior

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel (Partido Nacional), presentó anoche en conferencia de prensa los resultados de la auditoría externa que encargó para analizar la gestión de la anterior administración, dirigida por su correligionario José Yurramendi

En la presentación, se señaló que la auditoría en cuestión detectó una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contables que podrían derivar en actuaciones judiciales.

“Hay elementos que estamos convencidos de que estamos preparados para llevarlos a Fiscalía”, dijo el gobernante departamental, quien se presentó acompañado por el director de Hacienda, contador Alejandro Duarte; el secretario general, Pablo Duarte, y el responsable del área jurídica, Daniel Gómez.

Las autoridades anunciaron además el inicio de una investigación administrativa interna, que estará encabezada por el equipo jurídico de la comuna y que incluirá la citación de las partes involucradas.

Morel sostuvo que existen “elementos y evidencias suficientes” que podrían motivar denuncias ante la Justicia por algunos de los hechos detectados.

Retenciones no vertidas

Uno de los puntos considerados más graves refiere a retenciones realizadas sobre salarios de funcionarios municipales. Según informó el medio local La Red Independiente, en la auditoría se constató que se descontaban montos correspondientes a mutualistas, préstamos y otras obligaciones, pero ese dinero no habría sido transferido posteriormente a las instituciones correspondientes.

Aumentos inexplicables

El informe también señala irregularidades en liquidaciones salariales, con incrementos vinculados a compensaciones, horas extras, jornales, rendimientos e insalubridad. En varios casos, se constató la ausencia de documentación que respaldara la emisión de partidas variables abonadas a funcionarios.

A sola firma

Asimismo, se detectó que cinco funcionarios de Recursos Humanos percibieron partidas aprobadas únicamente mediante una nota firmada por el entonces director del área, sin la autorización del intendente, como exige el procedimiento administrativo.

Facturación sospechosa

Otro de los aspectos observados fue el sistema de compras de la Intendencia. De acuerdo con la auditoría, en el 90% de las adquisiciones analizadas no se encontraron evidencias de procesos competitivos. También se detectaron compras con observaciones previas del Tribunal de Cuentas, facturas con irregularidades formales y expedientes en los que no se identificaba claramente la dirección responsable.

Según explicó el intendente Morel, el análisis de precios reveló además que, en algunos casos, la comuna habría pagado hasta un 20% por encima de los valores de mercado.

A esto se suma la detección de más de diez empresas proveedoras cuyas facturas presentaban numeración correlativa casi exclusivamente vinculada a operaciones con la Intendencia, lo que generó sospechas sobre la posible existencia de firmas creadas únicamente para vender productos al gobierno departamental de forma discrecional.

Sin saldo

En materia de fondos extrapresupuestales, el director de Hacienda afirmó que la actual administración encontró cuentas corrientes con saldos insuficientes, pese a que existían recursos asignados a obras específicas. Según indicó, no pudo comprobarse si algunas de esas obras fueron efectivamente ejecutadas.

También se detectaron diferencias entre fondos pendientes de rendición y los montos disponibles en cuentas destinadas a convenios, subsidios de transporte y programas sociales, entre ellos Tu Sueño, Tu Hogar.

El papel no aparece

Precisamente, este último programa concentra otra de las situaciones consideradas más delicadas por las autoridades. Un proveedor de materiales de construcción de Melo reclama el pago de unos 8 millones de pesos por mercadería entregada a la Intendencia. Sin embargo, según explicó Alejandro Duarte, no existe orden de compra, autorización del ordenador de gastos ni firma del intendente departamental.

Además, la auditoría no encontró documentación que permita establecer en qué obras fueron utilizados esos materiales ni un informe final de ejecución. El expediente únicamente contiene la firma del entonces responsable del área social.

Las actuales autoridades señalaron que todas las observaciones detectadas son consideradas de “extrema gravedad” y adelantaron que el caso será sometido ahora a un análisis jurídico y administrativo más exhaustivo, sin descartar futuras denuncias penales.