El Ministerio del Interior, a través de la ministra interina Gabriela Valverde, asistió esta semana a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados. Uno de los temas abordados fue el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado a golpes por su padre.
La oposición pidió saber, con exactitud, qué información tenía el Ministerio del Interior previa a la muerte.
Se supo que el menor vivía en un contexto de violencia extrema, en el que era golpeado por su padre, quien, además, era consumidor de drogas y ejercía las mismas conductas contra la madre de Correa.
Interior aún se encuentra analizando el caso y evaluando las denuncias previas a la muerte. En algunos casos, la familia radicó el reclamo formal ante la Policía, mientras que, en otros, se estima que fue ante autoridades educativas, por lo que el rastreo podría llevar algún tiempo.
La primera denuncia reciente que registra la cartera es del 24 de junio de 2023, cuando la madre de Correa denunció a Jonathan Martín Calero por violencia de género. “Desde hace tres meses consume drogas todos los días, se pone agresivo y el viernes 16 de junio de 2023 la golpeó en el rostro, dejándole un hematoma en el ojo, porque pensó que ella les estaba gritando a sus hijos”, declaró la víctima, según el informe.
Con respecto a Jonathan, otra de las declaraciones ya daba cuenta de la violencia que padecía: “Al hijo que tienen en común, Jonathan, de 12 años, también lo agrede físicamente; le pega en la cara y le da patadas en el piso”, añade un testigo del caso. El propio informe indica que, más allá de la violencia ejercida sobre su pareja, Calero también agredía a su hijo. “Surge como víctima Jonathan Correa”, señala el documento.
La denuncia fue ampliada y se dio cuenta a la Justicia. En ese ámbito, se resolvió “citar, indagar y volver a enterar”. Sin embargo, “a posteriori del informe de actuación, se puede observar que no se realizaron otras actuaciones acorde a la resolución judicial dispuesta”, agrega el informe de Interior.
El 27 de noviembre de 2025, meses antes de que Correa fuera asesinado por su padre, la subdirectora de UTU radicó una denuncia. “Se desprende que se registró un error en la Seccional 16ª en lo que respecta a la titulación de dicha novedad y en la resolución judicial dispuesta”, indica el documento.
El juzgado dispuso que INAU aguardara situación, además de enterar a la Fiscalía y elevar antecedentes. Por su parte, la Fiscalía especializada en Violencia Doméstica de 2º Turno ordenó “indagar a los padres, interrogar a otro familiar y volver a enterar”.
El 21 de diciembre de 2025 “se ingresó una ficha por violencia doméstica con el nombre de Jonathan, sin registro de mayores datos”. Más allá de esto, no se realizaron nuevos avances en la investigación.
“Se define la falta de acciones policiales acordes a la normativa vigente y a los protocolos de actuación en violencia doméstica y de género”, señala el informe.
El documento concluye que, en ambas denuncias, “no se brindaron las garantías necesarias a las víctimas, no se contemplaron los antecedentes policiales del indagado —incluidas denuncias previas—, no se realizó una constatación médica de las lesiones, no se corrigieron errores administrativos y el procedimiento de la unidad especializada no fue suficiente”.