"Las sociedades offshore no son necesariamente ilegales", dice experto

A partir de los documentos difundidos por el proyecto "Panamá Papers", el abogado especializado en políticas antilavado Ricardo Sabella explicó a Montevideo Portal que las empresas offshore "tienen una primera ventaja que es proteger a sus propietarios".

En efecto, Sabella explicó que en ese tipo de empresas se hace más fácil "encubrir al verdadero dueño" de la sociedad, algo que suele ser utilizado "por razones de seguridad". "La Justicia no siempre es justa y es una forma de proteger los bienes ante cualquier eventualidad", complementó.

En general, las empresas offshore son utilizadas como un medio para adquirir acciones de sociedades anónimas en otros países. Así, existen empresas que, instaladas en el país en el que operan, tienen como accionista mayoritario a una empresa offshore creada en otro país. "Eso no quiere decir necesariamente que los propietarios no paguen los impuestos en sus países, pero es una forma de protegerse", apuntó.

Las empresas offshore suelen ser, además, "económicas", dado que su costo de creación es bajo y de mantenimiento "casi nulo", según Sabella. Eso las hace una salida atractiva para los empresarios que buscan "protegerse".

"Pero, como en todo, se puede utilizar para el mal", advirtió el abogado. Es que una de las características más salientes de las empresas es que permiten a sus propietarios no pagar los impuestos que pagarían si declararan esa actividad en su país de origen. "Muchas personalidades las utilizan para ocultar negocios, evitar impuestos o fondos de origen ilegal", señaló.

Sabella consideró que los detalles desvelados por "Panamá Papers" dejan "la sensación de que las personalidades que aparecen las utilizaron para evadir impuestos y esconder el origen de esos fondos".

El abogado indicó que hay empresas que se dedican a servir como "intermediarios", vendiendo empresas offshore a otras empresas. Según Sabella, estos intermediarios no son responsables por el uso que sus clientes hagan de las sociedades, aunque "están obligadas a reportar si encuentran algún elemento ilegal en sus compradores".

La normativa uruguaya, reformada en los últimos años, obliga también a los intermediarios uruguayos a hacer un "seguimiento" de las empresas a las que les vende sociedades offshore, para determinar posibles irregularidades, "especialmente en la etapa de capitalización".

Sabella confió en que el impacto provocado por los "Pamapá Papers" provocará que "seguramente se revean varias cosas, especialmente en Panamá". De todos modos, aclaró que "en este caso se habla de Panamá porque es donde está el estudio que fue hackeado pero este es un problema que afecta también a otros países, incluso Estados Unidos o Inglaterra".

El experto apuntó que Uruguay "históricamente ha tenido un papel" en el mapa de las sociedades offshore a través de lo que se conocían como Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). "Al estar entre Argentina y Brasil, países con muchas restricciones fiscales, Uruguay se convertía en proveedor natural de este tipo de sociedades", afirmó. Sabella consideró que la política antilavado aplicada por Uruguay "va por buen camino".