El contrato celebrado entre la Intendencia de Montevideo (IM) y la empresa Adiser S.A., responsable de la franquicia Burger King en Uruguay, dio la concesión por 20 años del conocido como Parador Nelson (hoy PYG), ubicado en la rambla del Parque Rodó, sigue generando repercusiones a nivel político.
Esta semana se conoció que, a comienzos de febrero de este año, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) había emitido una resolución que cuestionaba el acuerdo, con observaciones sobre la cesión del espacio.
La observación del tribunal, a la que accedió Montevideo Portal, establece que el contrato “fue adjudicado directamente”, lo que incumple varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
Además, alude a que “el contrato se encontraba vencido al momento de realizarse la cesión del mismo” y que, por lo tanto, “no es posible ampliar un contrato con plazo no vigente”.
Finalmente, el TCR apunta a que “se incumplió” con la Ley Orgánica Municipal que “exige la aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus miembros”.
Ante esto, los ediles opositores de la Junta Departamental de Montevideo cuestionaron el acuerdo por las irregularidades en los plazos contractuales. Dos de ellos, Javier Barrios Bove y Rafael Seijas, remitieron una misiva al presidente de la Junta, Claudio Visillac, para ser enviada al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino.
Allí solicitan, en primer lugar, que se los remita “el informe de la División Asesoría Jurídica referido en la Resolución 4910/24 de fecha 22 de noviembre de 2024, donde justifica que, a pesar de que el plazo contractual de la licitación estaba formalmente vencido, se procede a la prórroga de este hasta el 11 de diciembre de dicho año”.
En cuanto a la “prórroga” referida, también piden información sobre la fecha de realizada la solicitud y que se exprese “cuál es la norma jurídica o cláusula contractual en que se basó la intendencia para realizar la prórroga por razones de que la explotación comercial estuvo cerrada durante la pandemia”.
Pidieron también saber si hubo un “acuerdo previo” entre la empresa Kerifos S.A. (adjudicataria anterior) y Adiser S.A. y acceder a este.
Otro cuestionamiento a la IM por parte de los curules es “si, estando en conocimiento de la División Promoción Económica que la cesión del ex parador Nelson estaba vencida o próxima a vencer, ¿ya se tenían planes para esa construcción o se estaba trabajando en un nuevo pliego licitatorio?”.
También quieren saber “cuál es el monto del canon que la concesionaria venía abonando en 2024 y a la fecha” y “cuáles son las obras a que se compromete la concesionaria”. A su vez, por qué no se consultó a la Junta Departamental, como lo establece la Ley 9.515 (artículo 35, inciso 10).
Por último, pidieron información sobre “otros predios en la zona de Parque Rodó” que son propiedad de la Intendencia de Montevideo, “en qué situación se encuentran” y si “tienen previsto llamar a licitación o proyectos en carpeta en alguno de los predios”.
En diálogo con Montevideo Portal, Seijas explicó que “en base a la respuesta” que reciban desde la IM, evaluarán qué “acciones adoptar”.
“En base a lo que surge del dictamen del Tribunal de Cuentas entendemos que es irregular e ilegal, pero primero debemos contar con toda la información”, añadió.