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El exsenador del Partido Nacional Luis Alberto Heber fue consultado este jueves acerca del fallo del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) acerca de que la exministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche “violentó” normas para brindarle exoneraciones, en 2023, a una empresa cuyo gerente general es su esposo.
El exministro del Interior consideró que el organismo viene “herido de muerte” y dijo que le pareció “impecable” la argumentación del director en representación de la oposición, Luis Calabria, quien votó en contra de la resolución.
“La Jutep ya viene herida de muerte, con su presidenta [Ana Ferraris] muy cuestionada y con una visión muy partidizada, que no da garantías en el sistema político. Para mí es indignante”, aseguró Heber en diálogo con el programa Doble click (FM Del Sol).
El exlegislador aseguró que en el Poder Ejecutivo se firma “una cantidad de cosas” y muchos de esos asuntos son “meros trámites”. “Se toman decisiones en otros ámbitos. Si le corresponde una exoneración no lo dice el ministro, lo dice una comisión especializada que requiere una serie de datos. No es una decisión especial, es de trámite”, comentó.
“Tampoco está penalizado el hecho de que por ser el marido de la ministra no pueda hacer nada y tenga que ser un paria; tiene su trabajo y su proyección. Presentó una solicitud como cualquier hijo de vecino y le fue aprobada por la comisión especializada; lo que hace es ratificar lo que establece otra comisión. No es una decisión de ella”, agregó.
Por último, Heber señaló que la resolución del ente fue “traída de los pelos” con “intencionalidad política” y es un “ataque” al pasado gobierno y a la exjerarca, que finalizó su gestión “muy bien” y “muy prestigiada”.
El documento señala que Arbeleche “violentó las normas de conducta en la función pública” al otorgar beneficios a la empresa Lanafil SA y se ampara en el Código de Ética en la Función Pública, que sostiene que ningún funcionario debe ejecutar decisiones que involucran a empresas en las que haya vínculos familiares.
En su respuesta, la exministra aseguró que actuó en todo momento ajustada a derecho. “Actué en todo momento con estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública. El procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente en materia de promoción de inversiones, sin apartamiento alguno de los criterios técnicos aplicables”, indica el texto.
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