Las compañías Buquebus y Colonia Express, dedicadas al transporte de pasajeros por vía acuática entre Uruguay y Argentina, adelantaron que se querellarán con el Estado. El motivo de la demanda es el reciente decreto que grava con 2,10 dólares más IVA a cada viajero que entre o salga del país en barco.

La norma carga ese valor directamente en cada pasaje vendido por las dos empresas.

El objetivo del impuesto sería financiar “la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo” a pasajeros que entran y salen del país.

Daniel Ochs, abogado que representa a Buquebus, sostiene que el nuevo gravamen no es de recibo.

“Es una violación al principio de legalidad previsto en el artículo 10º de la Constitución, un principio que viene desde la Revolución Francesa, de que nadie está obligado salvo que la ley lo establezca”, dijo en declaraciones al noticiero Subrayado. En el mismo sentido, recordó que el Tribunal de Cuentas emitió “dictámenes concluyentes sobre la prohibición del tema”.

Por otra parte, el legista entiende que el decreto no respeta “el principio de igualdad ante las cargas públicas”, y lo explicó en cifras: “Se costea todo el servicio de seguridad fronteriza solo con los que viajan por barco, que son el 20%”.

Por todo lo expuesto, Ochs entiende que el decreto presenta “un problema de razonabilidad gigantesco”, si se parte de la base de que el Ministerio del Interior “nunca calculó cuánto cuesta” el sistema y no justificó la razón del monto de 2,10 dólares más IVA por pasajero.

Por último, el abogado dijo que también se demandará a la empresa mexicana Veridos S. A., encargada de la gestión del mencionado sistema de control, y cuya elección las empresas transportistas objetan.