La defensa de la familia Basso, a cargo de Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, presentó una serie de comprobantes y argumentos ante la Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez, respecto a las transferencias realizadas luego de la muerte del empresario Gustavo Basso, uno de los fundadores de Conexión Ganadera.

Con respecto al rol del Escritorio Basso, que aportó a las cuentas de Conexión Ganadera un total de US$ 81.000, se aclara que el día en que el empresario se suicidó, desde dos bancos en los cuales eran clientes —Banco República y Scotiabank— se comunicó a la familia que las cuentas “probablemente” serían bloqueadas.

Los familiares realizaron la misma consulta al HSBC, que respondió que no tenía certeza sobre cómo se iba a proceder.

“El escritorio rural debía seguir funcionando y cancelando obligaciones preexistentes al problema y fallecimiento de Basso y, de resultar bloqueadas las cuentas, los fondos quedarían allí ‘atrapados’, lo que impediría su utilización para su verdadero destino: la cancelación de obligaciones”, indica el escrito al que accedió Montevideo Portal.

Ante la eventualidad de que las cuentas fueran bloqueadas, se ofreció poner a disposición las cuentas del BROU y HSBC que estaban a nombre de Agustina Basso y Alfredo Rava, hija y yerno del empresario.

La finalidad de esta decisión fue “mantener la actividad comercial de la empresa y cumplir con la cancelación de las obligaciones”. Al mismo tiempo, se informó a los clientes del escritorio que depositaran el dinero que adeudaban en las cuentas de Agustina Basso y Rava, a efectos de dar cumplimiento a dichas obligaciones.

Una vez que el dinero ingresaba a las cuentas mencionadas, se transferían los fondos necesarios a las cuentas operativas del escritorio para ejecutar los pagos de forma inmediata.

“Quien notificaba a Agustina Basso era Daniela Cabral (encargada de los pagos) u otro funcionario”, añade el escrito, que sostiene que se “buscó adoptar una solución de contingencia que conjugara el riesgo de que los fondos [...] no quedaran bloqueados en caso de que los bancos decidieran congelar la operativa financiera”.

Las cuentas de Basso y Rava recibieron un total de US$ 2.258.008, correspondientes a la actividad comercial del escritorio del fallecido empresario.

A su vez, se transfirieron —por cancelación de obligaciones del escritorio— un total de US$ 2.048.769.

“Pero, adicionalmente —cuestión que se da de bruces con las malintencionadas afirmaciones de algún denunciante— surge que de esos fondos se realizaron cuatro transferencias [...] en calidad de asistencia financiera a Conexión Ganadera por el monto de US$ 81.000. Es decir, el escritorio no solo pudo subsistir y continuar con su actividad [...], sino que también tuvo la posibilidad de asistir financieramente a Conexión Ganadera, a solicitud de Daniela Cabral, en un momento de alto estrés financiero”, explica el documento.

En el escrito se señala que aún resta dinero por pagar por parte del Escritorio Basso a la sociedad civil Rava-Basso por la venta de ganado. La cifra adeudada es de US$ 22.709, según se indica.

Los defensores consideran que “resulta irrelevante si se utilizó la cuenta A, B, C o una paloma mensajera, siempre que quede acreditado que se recibió dinero del giro del escritorio para la cancelación de facturas y obligaciones preexistentes, lo cual fue lo que sucedió”.

Sobre el final, Sasson y Donnángelo señalan que “aunque parezca de perogrullo, la Fiscalía con competencia penal [...] investiga conductas con apariencia delictiva y no, como sucede en este supuesto, hechos que solo sirven para ser ventilados públicamente [...] con el objeto de desinformar y generar un ambiente poco propicio para el juzgamiento serio de los hechos”.

Fricasa

El escrito también aborda la denuncia de crédito en la sucesión de Basso vinculada al frigorífico Casa Blanca (Fricasa). Allí se menciona que Agustina Basso y Rava habrían denunciado un “crédito inexistente” por una deuda de US$ 20.354.555.

El reclamo sostiene que ambos cobraron ese dinero a través de una cuenta a su nombre, “evitando los bloqueos derivados del fallecimiento” del empresario.

Sin embargo, los abogados argumentan que estas afirmaciones “no resistirían el más mínimo estándar de un examen de derecho penal”. Además, sostienen que los hechos relatados son “manifiestamente atípicos e irrelevantes para el derecho penal”.

El crédito mencionado se compone de una deuda hipotecaria de US$ 1.902.000 más intereses, y facturas por US$ 18.452.555.

La defensa adjuntó un correo electrónico de Fricasa en el que se reconoce la deuda por US$ 18.452.555. “Es decir, que a esa fecha el directorio del frigorífico reconoce expresamente deber ese monto”, indica el escrito.

Asimismo, se señala que el síndico de Fricasa compareció y no objetó el monto denunciado por la familia.

“Intentar cobrar una deuda reconocida por el deudor no puede ser tipificado como lavado de activos u ocultamiento [...], sino como el ejercicio legítimo de un derecho de crédito sucesorio”, concluye el documento.