El Senado argentino comenzó este miércoles a debatir un proyecto de ley que, de aprobarse, impediría las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción y podría afectar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
El proyecto, conocido como “Ficha Limpia”, obtuvo media sanción en febrero de este año, cuando fue aprobado en la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones.
De ser aprobado este miércoles por el Senado, donde requiere el apoyo de al menos 37 de los 72 senadores, se convertiría en ley.
El peronismo, que se opone a la sanción de la ley y cuenta con 34 escaños en la Cámara alta, se presentó a la sesión minutos después de que se obtuviera el quorum necesario para el tratamiento del proyecto.
El opositor Partido Justicialista (PJ, peronismo) publicó esta mañana un comunicado en su cuenta oficial de X en el que rechazó “categóricamente este nuevo intento de exclusión política contra su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
El partido expresó que “se trata de un nuevo capítulo —y quizá el más burdo— de una persecución sistemática que lleva años en marcha” y consideró “arbitraria” la condena contra la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos en la obra pública durante su mandato.
La Justicia argentina condenó a Fernández en segunda instancia el pasado 13 de noviembre, una sentencia que aún no está firme, dado que la presidenta del Partido Justicialista apeló ante la Corte Suprema y todavía se encuentra pendiente de resolución.
La denominada iniciativa de “Ficha Limpia”, que ya había sido impulsada en noviembre por Propuesta Republicana (Pro) —el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)—, busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan una condena penal con un fallo que sea ratificado en segunda instancia por determinados delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.
Según el proyecto de ley, la inhabilitación temporal para ser candidato estará vigente hasta que otro tribunal superior revoque la condena o hasta que se cumpla la pena impuesta por la Justicia.
De aprobarse en el Senado, impediría una potencial candidatura de la exmandataria y actual referente de la oposición en las elecciones legislativas previstas para octubre próximo.
EFE
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