“Están llevando a la impunidad”: la advertencia de Ferrero en el Senado por cambios en CPP

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, encabezó una delegación que compareció este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, la cual se encuentra estudiando y tratando el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para reformar el Código del Proceso Penal (CPP).

Su exposición giró en torno a aspectos centrales para la implementación de la normativa, principalmente los plazos marcados en la nueva redacción y el presupuesto. En cuanto al primer punto, Ferrero criticó los artículos que bajan a 30 días el tiempo para pedir el reexamen de una causa o el período que tienen los fiscales para presentar la acusación una vez vencido el plazo para realizar la investigación, entre otros.

“Si vamos a poner un código donde tenemos plazos cortos para investigar a los grandes narcos o al crimen organizado, hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad. Lo digo yo; me hago cargo”, afirmó Ferrero ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

La fiscal explicó que el proyecto contempla, según algunos antecedentes en discusión, un plazo previo a la formalización de apenas seis meses, prorrogable por otros seis. Para la Fiscalía, eso es inviable: “Si se establece un plazo de seis meses con una prórroga de otros seis para investigar una red de trata, una red de corrupción o un caso de crimen organizado, es como asumir que no se va a poder investigar”.

Ferrero describió una institución al límite de sus posibilidades: fiscalías con un solo adscripto, tres fiscales suplentes para todo el país —uno de ellos afectado exclusivamente al caso Penadés—, sedes propias casi inexistentes y bandejas que acumulan entre 1.000 y 1.500 carpetas por fiscal. “Hoy las bandejas de los fiscales explotan de casos”, señaló.

Otro de los puntos destacados por la fiscal fue la ausencia de una reforma del Código Penal que acompañe la del CPP: “Tampoco tenemos aprobada la reforma del Código Penal y honestamente les digo que, para mí, el Código Penal es esencial. Si se aprueba un código acá y después se reforma el Código Penal, nosotros estaremos mirando para otro lado”.

Para Ferrero, legislar el proceso sin actualizar el derecho de fondo es avanzar en un camino a medias: “Este código no está tendiendo para el lado del derecho de fondo: si hay intención, si hay dolo, si no hay dolo. Lleva mucho tiempo la investigación de esos casos”.

Por otra parte, la fiscal consideró que el proyecto no contempla adecuadamente la persecución del crimen organizado. “Supongo que leyeron el código, pero ¿dónde están las normas para el crimen organizado? Mencionen alguna que diga cómo van a proteger a los fiscales con el Código del Proceso Penal”, preguntó a los legisladores.

Sobre este tema, Ferrero recordó el atentado que sufrió y habló de que hay colegas suyos que “están comprometidos y están planteando cuestiones”. “Yo también me pongo en lugar de ellos, con bebés chiquititos que están enfrentando casos en que formalizan a alguien y toda la familia se presenta frente a la Fiscalía. Y el interior es muy chiquito; en Montevideo capaz que se disuade un poco, pero en el interior es facilísimo agarrar a un fiscal: cuando va a la panadería, para acá o para allá, es cortito”, señaló.

Además, Ferrero habló de los avances del último período presupuestal —la creación de la Escuela de Fiscales, la Fiscalía de Cibercrimen y la equiparación salarial con los jueces— y fue clara en que no fue a quejarse del código vigente, sino a hablar de la realidad institucional antes de que se apruebe uno nuevo.

No obstante, señaló que el presupuesto debería ser mayor. “Lo que sí queremos que sepan es que no nos negamos a ninguna instancia. Venimos a plantear: una justicia de calidad requiere normas de calidad y recursos de calidad. No podemos enfrentar todo esto con la situación actual”, resumió.

La delegación de la Fiscalía también presentó objeciones técnicas a varios artículos del proyecto —plazos de investigación formalizada, prueba trasladada, libertad a prueba para delitos de droga y la aplicación de la norma a causas en curso— y se comprometió a enviar a la comisión un informe escrito con propuestas concretas de modificación.