El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, consideró que el proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores de forma masiva es “negativo y contraproducente”.
“Va a contramano de lo que Uruguay necesita. Creo que es una mala señal que parte de un concepto de voluntarismo de querer ayudar a la situación muy negativa de las personas que quedan sin trabajo. Es verdad, hay una buena intención, y eso creo que hay que saludarlo”, dijo el economista a Otra mañana.
Munyo insistió en que la medida “va a ser contraproducente”, ya que “en vez de ayudar, va a perjudicar a las personas”. Según el director de Ceres, la ley que busca aprobar la cartera Juan Castillo es generar “espantapájaros de inversiones”.
En esa línea, el economista sostuvo que Uruguay atraviesa un momento en el que “está carísimo y poco competitivo”, en el que “se están poniendo impuestos extra que generan ruido y discusiones” y en el que “los espantapájaros de inversiones de la región se fueron, tanto en Argentina como en Chile”.
“Creo que es totalmente negativo y contraproducente, más allá de las intenciones. El problema es que va a generar los efectos contrarios a los que se quieren imponer”, sostuvo Munyo.
Al anunciar el proyecto de ley, el ministro Castillo que “la moda que se ha instalado en los últimos tiempos” genera “que hasta se comunique por estado en redes sociales o videos”. “Este año 2025 empezó con la retirada del país de Yazaki, que dejó 1.200 trabajadores sin empleo de la noche a la mañana. Esto a nosotros nos dificulta, nos preocupa”, señaló el jerarca.
Asimismo, aseguró que el planteo ya fue transmitido a la bancada de senadores del Frente Amplio, si bien aún no ha sido ingresado el proyecto formal, de acuerdo con lo que indicaron fuentes de la Cámara alta a Montevideo Portal.
El ministro también aludió a “la necesidad de recurrir a un convenio internacional que hable sobre el anticipo”, en referencia a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo.
Según Castillo, la decisión de un despido colectivo “se tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas” por parte del gobierno. “Si el gobierno tiene una información de esas características, lo primero que hace es comunicar a las partes, tratar de reunirnos. Si los problemas por los que una empresa se retira o cierra tienen un alternativa, nosotros estamos dispuestos a encontrarla”, sostuvo.
“Despedir o cerrar una empresa es de un minuto para el otro. Buscar nuevos inversores o tratar de abrir una nueva industria a veces cuesta muchísimo tiempo más y esa es una parte que también preocupa”, agregó el titular del MTSS.
En diálogo con Montevideo Portal, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, dijo que “hay un déficit en el derecho uruguayo acerca de la regulación de los despidos”.
“En Uruguay, a diferencia de otros países, se aplica lo que se llama el despido libre. El empleador puede despedir sin dar causa, sin dar explicación, sin justificar el despido. Basta con que pague la indemnización consiguiente, la indemnización por despido”, señaló.
En ese sentido, afirmó que “lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es una serie de situaciones, de despidos colectivos, que son absolutamente intempestivos”.
Asimismo, detalló que se requiere tener en cuenta “dos elementos fundamentales”: “Por un lado, que el despido sea con un cierto preaviso para que la persona pueda ordenarse y buscar alternativas. El otro elemento es que debería integrar una eventual regulación de los despidos el dar causalidad al despido”.
Consultado al respecto, Barretto puntualizó que la normativa aplicaría para todo tipo de despido, no solo para los masivos o colectivos: “Parece una arbitrariedad la comunicación de un despido de manera intempestiva. La situación actual es de absoluta desregulación”.
Ante la propuesta del MTSS, el senador blanco Sebastián Da Silva salió al cruce y dijo que “las empresas tienen la libertad de tomar y despedir empleados de acuerdo a su etapa empresarial”.
“Lo que tienen que hacer las empresas es cumplir con sus obligaciones. Una norma de estas características solo hará que se vayan a otro país donde la ley de gravedad se entienda. PD: habría que empezar por casa y no hacer lo de M24”, afirmó en la red social X.
Por su parte, el líder del PI y exministro de Trabajo, Pablo Mieres, opinó que es “sorprendente y extremadamente preocupante”. “Evidentemente no se dan cuenta de que con estas medidas van a afectar el empleo y las inversiones”, aseveró.
Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, también criticó la iniciativa: “Es evidente que el gobierno tiene dos rumbos económicos: Juan Castillo y el MTSS, y Gabriel Oddone y el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]. El problema es que el primero rivaliza con el segundo. Y con la realidad”.
En cambio, el diputado comunista Bruno Giometti valoró la propuesta del ministro Castillo y dijo que es una “muy buena iniciativa” para “proteger el derecho al trabajo”.
“Arremangarse, dialogar, buscar soluciones, siempre priorizando al más vulnerable en la relación laboral, es decir, al trabajador”, expresó.
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