Rodrigo Couto debió realizar un trámite ante el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) en enero. El joven, que tiene 32 años y es sordo, solicitó un intérprete de lengua de señas, pero la institución le manifestó que no contaba con una persona para asistirlo.

Finalmente, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y tras una gestión de la entidad financiera, el joven accedió a un intérprete. De todos modos, Couto resolvió realizar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), como dio cuenta El Observador.

El organismo resolvió que el BHU “vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación al negarle el acceso a un intérprete de lengua de señas uruguaya para garantizar su derecho al acceso a la información”.

En sus alegatos, el BHU señaló que de acuerdo a su interpretación de los artículos 5 y 7 de la Ley de Lengua de Señas Uruguaya (Nº 17.378), el organismo “no está obligado a contar con intérprete de lengua de señas, por lo que no estaría incumpliendo la normativa”, según se desprende de la resolución del organismo.

Pero la Inddhh realizó una interpretación distinta, al afirmar que la posición del BHU era “restrictiva” y señaló que, según su punto de vista, “las normas son claras en cuanto a la obligación de realizar ajustes razonables que eliminen los obstáculos en la accesibilidad, cuando personas en situación de discapacidad así lo requieran en circunstancias concretas”.

La resolución de la Inddhh también recomendó al BHU que disponga un servicio de intérpretes de lengua de señas.

De todos modos, en sus consideraciones, la Inddhh destacó que “la vulneración no se genera al no contar con un intérprete de lengua de señas disponible en el organismo, sino por negarse a realizar ese ajuste razonable consistente en conseguir un intérprete para atender, concretamente, la demanda de Couto”. Pese a eso, desde la institución dijeron a Montevideo Portal que hubo un intercambio de correos con el Mides y también con el cliente, en los que coordinaron el acceso a un profesional.

Consultado por Montevideo Portal, el joven afirmó que la situación “no fue algo nuevo” para él, ya que también lo vivió en otros organismos públicos con anterioridad, pero señaló que ante la reiteración de casos resolvió realizar la denuncia.

“Desde que era niño hasta ahora he tenido muchas experiencias similares. La falta de accesibilidad en instituciones públicas y privadas ha sido un desafío constante, no solo para mí, sino para todas las personas sordas en nuestro país”, afirmó Couto.

“También visité lugares como Antel, el Banco República y otros, y lamentablemente no contaban con intérpretes disponibles, a pesar de que existe una ley que lo requiere. Finalmente, llegué a un punto en el que me cansé de esta situación y decidí presentar una denuncia”, agregó.

Couto, que fue prosecretario de la Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR), reconoció asimismo avances a nivel general y mencionó en particular al Mides, el Banco de Previsión Social, la Inddhh y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como oficinas que “han mostrado un compromiso positivo al proporcionar servicios de intérprete y cumplir con la ley”.

“Esta situación subraya la necesidad de continuar trabajando para que la accesibilidad sea una norma en todas las oficinas públicas, sin ninguna excepción. Lo que es más gracioso es que me obligaron a cambiar la cédula de identidad debido a ciertas regulaciones, pero ni siquiera pueden cumplir con la Ley de Lengua de Señas para hacerlo”, afirmó sobre su denuncia ante el BHU.

El joven, que está próximo a terminar sus estudios de la Licenciatura en Animación y Videojuegos de la Universidad ORT, creó una aplicación (DiLS) que ofrece servicios de intérpretes en línea para intentar abordar este problema con las organizaciones.