¿Cupo para mujeres en festivales de música? Los planteos de Agadu y el rechazo de Gandini

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara de Senadores tiene a estudio, entre otros temas, un proyecto de ley que propone regular el acceso de artistas mujeres y disidencias a eventos de música en vivo, estableciendo un cupo del 50% en aquellos casos que los eventos utilicen dinero de origen estatal.

Para brindar su posición sobre este asunto fue que parte de la directiva de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) concurrió esta semana al Parlamento. En la instancia llevada adelante este martes, si bien coincidieron con el espíritu del proyecto, la organización planteó distintos puntos a trabajar en la redacción y sobre cómo llevarlo adelante.

La delegación de Agadu fue integrada por su presidenta, Estela Mieres; el secretario general, Diego Drexler; la consejera Samantha Navarro y el consejero Jorge Schellemberg.

“Planteamos mirar con microscopio e intentar llegar lo más cerca posible a la máxima claridad y, así, conseguir la mejor aplicación de esta iniciativa, que sentimos sumamente necesaria y oportuna”, dijo Navarro.

Drexler, por su parte, destacó la relevancia del proyecto desde el punto de vista laboral y de la inclusión de la mujer, y Schellemberg también acompañó los comentarios de los otros artistas.

Más adelante, en la comisión, tanto Schellemberg como Drexler advirtieron por la necesidad de darle mayor especificidad a algunas partes del proyecto de ley.

“Creemos importante definir cuál sería o a partir de cuándo se consideraría dentro de la ley el apoyo del gobierno nacional, porque si se arma un evento y hay un auspicio, se necesita saber cuál sería el límite; si se dieron los afiches y los programas en mano, si uno queda comprendido en la ley. Con esto no quiero decir que esté bien o mal, en todo caso, necesitamos que quede claro para que sea aplicable”, dijo Schellemberg.

Drexler, por su parte, afirmó que la conformación de “una comisión que evalúe los reportorios y a la que hay que mandarle 60 días antes quién va a actuar, remite a cosas que no están buenas”. “Todas las grillas son públicas, y cuando entramos a las redes sociales ya se sabe quién está y quién no. Además, se generaría un órgano centralizado de control de las grillas y no nos parece que esté bueno”, acotó.

El músico también advirtió sobre la necesidad de dar más precisión a la definición de cuándo un evento es público o privado.

“Si hago un recital en un teatro en La Paloma, va a aparecer el logo de la Intendencia de Rocha porque capaz que me dio la Casa de la Cultura. ¿Se transforma en un evento público? ¿Aplica lo que pasó? Si tengo un apoyo parcial, que a veces significa que nos dan la amplificación —porque es la realidad, son las cosas que pasan—, por ejemplo, logro que la Intendencia de Canelones me apoye con eso y hace viable que el recital se haga en Suárez; en ese caso, el evento, por más que sea gestión privada, ¿entra dentro de esto? Dicho de otro modo, ¿esto se aplica?”, planteó a modo de ejemplo.

“Entonces, creemos que hay que trabajar más y convocar a todos estos sectores a esta mesa —los productores, el gremio y las entidades de gestión colectiva— para que den su punto de vista. Como dije hace un tiempo, somos entidades de gestión colectiva, y esta ley no nos afecta en nada en la dinámica diaria de trabajo. Esto también lo dijimos antes y entendemos que hay que trabajarlo más”, añadió.

El rechazo de Gandini

En la comisión, el senador nacionalista Jorge Gandini expresó su rechazo a la iniciativa.

“Personalmente estoy en contra de este proyecto de ley. Para mí, la cultura es libertad y ninguna cosa puede limitarla. Por la promoción, la que quieran; por pagar más y ayudar más, estoy de acuerdo, pero —repito— para mí la cultura es libertad, y esto pone obligaciones y controles que van contra mi filosofía”, dijo.

Lo que dice el proyecto

El proyecto de Ley de Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, firmado por las senadoras Gloria Rodríguez y Sandra Lazo, establece su alcance en el primer artículo.

“El establecimiento del cupo implica la participación en los eventos musicales organizados, auspiciados, o que utilicen, de manera directa o indirecta, dineros de origen estatal. Dichos eventos incluyen cualquier tipo de actividad musical organizada de forma pública o privada, o con participación de entes públicos, que implique lucro comercial o no, y que para su desarrollo convoque a un mínimo de dos (2) artistas y/o agrupaciones musicales en una o más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones anuales”, dice parte de ese artículo.

Luego, el segundo artículo establece que, para cumplir con el cupo, la grilla de los eventos debe contar “como mínimo” con un 50% de “artistas mujeres y disidencias nacionales”.

El texto establece que los sujetos obligados al cumplimiento del cupo serán productores, organizadores, contratistas, curadores o el responsable comercial del evento.

A su vez, para el contralor, crea una comisión integrada un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un representante del Instituto Nacional de Música y dos representantes de la agrupación Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya.

Ese grupo deberá recibir y fiscalizar las grillas propuestas, entre otros cometidos.

En tanto, los productores “deberán acreditar fehacientemente ante la Comisión de Contralor, dentro de los 90 días previos a la realización del evento/espectáculo que esta norma alcanza el cumplimiento del cupo establecido, mediante la presentación de la grilla de el o los espectáculos programados”.