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Un 36,8% de la población aprueba la gestión del gobierno de Yamandú Orsi sobre las personas en situación de calle, mientras que un 25,7% la califica negativamente; el restante 32,3% tiene una opinión neutra al respecto, según una encuesta de Nómade.
La consultora indagó acerca de la temática y encontró que 7 de cada 10 personas (71,5%) creen que el Estado “es muy responsable o algo responsable en la problemática de las personas en situación de calle”. Un porcentaje muy similar (69,6%) considera que esta población es “muy o algo responsable” de su propia situación.
“Esto revela una concepción compartida entre factores estructurales y personales, y deja en evidencia que es una problemática multifactorial, donde se reconocen tanto las fallas estructurales del sistema como las posibles actitudes sociales e individuales que perpetúan la exclusión”, reza el informe de la encuestadora.
No obstante, quienes consideran que la responsabilidad individual es “muy alta” superan a los que evalúan de la misma forma la responsabilidad del Estado (41,6% frente a 37,2%). “El predominio de un discurso que responsabiliza a las propias personas tiende a reforzar los estigmas y agravar la desconfianza en las políticas de inclusión y salud pública”, alerta Nómade.
En tanto, la consultora señala que hubo un aumento de personas en situación de calle en los últimos cinco años y consulta a los encuestados a qué atribuyen esa suba: un 36,7% lo vincula con un “consumo problemático de drogas, alcohol y otras sustancias”. En segundo lugar está la “salud mental”, con un 14,5%, y las “políticas de liberación carcelaria” completan el podio con un 9,2%.
Más abajo figuran el “aumento del narcotráfico” (7,9%), las “políticas de asistencia a las poblaciones vulnerables” y “de trabajo de los últimos cinco años” (7% cada una), así como las “políticas económicas de los últimos cinco años” (6,6%) y la “pandemia y crisis económica” (4,9%). Otros factores son el “aumento del ingreso de extranjeros” (2,6%), la “política de vivienda de los últimos cinco años (1,9%) y la “movilidad de la población por trabajo u otras oportunidades” (1,7%).
Finalmente, casi 9 de cada 10 personas encuestadas “manifestaron estar de acuerdo con que se invierta dinero público en políticas sociales” para personas en situación de calle, de acuerdo con la publicación.
En esta línea, un 38,6% de la población encuestada considera que se deben “priorizar” los “programas para el consumo problemático de drogas, alcohol y otras sustancias”. Como segunda medida, un 30,1% de los encuestados cree que se debería invertir en “programas de inserción laboral” y otro 12,3% cree en fomentar el “apoyo psicológico y médico”.
El relevamiento fue realizado entre el 12 y 19 de julio, con una población de 863 personas a través de una encuesta online.
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