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“Colocaciones”: blancos cuestionan ingresos a la IM por contratos de servicios millonarios
La oposición critica la continuidad de los vínculos y cómo se elige a los proveedores. La documentación registra costos de $ 138,8 millones.
Por Mateo Aguerre
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El Partido Nacional cuestiona presuntas irregularidades en las contrataciones por arrendamiento de servicios de la Intendencia de Montevideo (IM) al señalar que parte de estos vínculos tienen continuidad sin argumentos claro. Además, ponen el foco en la forma en la que la comuna selecciona a los contratados para posteriormente renovar dicho documento y así seguir adelante con el vínculo.
El planteo surgió luego de una respuesta del gobierno departamental a un pedido de informes emitido por el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, que registra contrataciones con 224 proveedores por $ 138,8 millones, entre el 11 de julio de 2025 y el 18 de agosto de 2026, según la documentación a la que accedió Montevideo Portal. Los datos no contemplan las actuaciones de ninguno de los municipios.
Abdala expresó su preocupación por la cantidad de contratos suscritos con personas físicas en carácter de proveedores. Según sostuvo, estos comprenden tareas que “en su abrumadora mayoría deberían de cumplir funcionarios municipales que ingresen por concurso”, señaló en diálogo con Montevideo Portal.
El curul afirmó que existen “indicios que la intendencia deberá confirmar o desmentir” que llevan a la oposición a considerar que “aquí hay una plantilla paralela”.
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
La documentación comprende 529 documentos de compra, entre operaciones originales y ampliaciones.
En los escritos aparecen 224 proveedores, que se dividen en 80 nuevos —con montos de $ 36,6 millones— y 144 provenientes de la administración anterior liderada por Carolina Cosse —por $ 102,2 millones—. Un mismo proveedor puede tener varios documentos asociados.
Además, $ 101,4 millones de ese total corresponden a compras directas. La respuesta también incluye licitaciones abreviadas, pedidos y convalidaciones.
Abdala sostuvo que la comuna utiliza los arrendamientos de servicios para incorporar personas que desempeñan tareas dentro de la administración y mantener esos vínculos en el tiempo.
Según cuestionó, esa herramienta —que a su entender “debería ser para servicios puntuales”— se emplea “como mecanismo de continuar con la agencia de colocaciones y como mecanismo de ingresar personas a la administración”.
El nacionalista planteó que esos ingresos deberían realizarse “por la vía del concurso o por la de contratación directa siempre y cuando se respeten los topes establecidos por la ley”.
El edil blanco explicó que hay 136 proveedores con servicios clasificados como continuos, asociados a $ 121,2 millones. De ellos, 29 corresponden a proveedores nuevos, que le costaron a la administración de Bergara $ 28 millones y 107 a vínculos provenientes de la administración anterior, con un costo de $ 93 millones.
Para determinar esa continuidad, Abdala hace énfasis en la repetición de un mismo monto en documentos de meses diferentes, la existencia de varias contrataciones con importes variables, las ampliaciones de contratos anteriores, los plazos consignados y antecedentes de renovación.
Según la documentación, en 51 casos se repite el mismo monto en meses diferentes; en 40 hay varios documentos en distintos meses con importes variables; en ocho se amplía un contrato y en dos se explicita el plazo del servicio. Además, 22 se incluyen por estar identificados como renovaciones de la administración anterior y 13 por corresponder a contrataciones para puestos estables.
Entre los servicios relevados aparecen tareas de comunicación, arquitectura, ingeniería, trabajo social, educación, salud y apoyo administrativo. En 55 casos, asociados a $ 44,6 millones, el análisis los clasifica como “sin tarea especificada”. De estos servicios que no tienen una función, 10 corresponden a la actual administración y 45 son renovaciones.
Abdala cuestionó la información que las autoridades habían proporcionado a la Junta Departamental sobre las incorporaciones discrecionales de personas.
“Nosotros consultamos reiteradas veces cuántas personas habían ingresado de manera discrecional”, señaló. Según afirmó, las respuestas de las autoridades “solamente” hacían alusión a los contratos directos.
En ese sentido, Abdala acusó a la administración frenteamplista de haber omitido información a la Junta Departamental y de incorporar personas “de manera oculta y opaca” mediante arrendamientos de servicios.
“Instamos y exhortamos de manera grave y urgente al señor intendente a que revise la cantidad de gente con la que hay un contrato de arrendamiento”, sentenció.
Por Mateo Aguerre
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