“Carajo, es él”: difunden video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald's

Un juez de Estados Unidos (EE. UU.) autorizó la difusión de imágenes de cámaras corporales de ocho agentes de la Policía de Altoona, Pensilvania, que registran el arresto de Luigi Mangione el 9 de diciembre de 2024, días después del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Las imágenes fueron obtenidas y publicadas por CNN, que solicitó su desclasificación ante el tribunal.

De acuerdo con dicho medio, las horas de filmación muestran a Mangione siendo interrogado dentro de un local de McDonald’s durante la mañana de ese día, antes de ser esposado y trasladado a la comisaría. Además, en el restaurante, los agentes revisaron sus bolsillos y su mochila negra, donde encontraron un cargador de arma envuelto en ropa interior.

Ya en la comisaría, las cámaras registran el momento en que un oficial encuentra dentro de la mochila el arma que los fiscales identifican como el instrumento del crimen, junto con una libreta con anotaciones manuscritas que la Fiscalía describió como su “manifiesto”.

Las imágenes también muestran que Mangione presentó inicialmente a los agentes un documento de identidad falso a nombre de Mark Rosario, el mismo alias que, según los fiscales, el sospechoso utilizó para registrarse en un albergue de la ciudad de Nueva York antes del homicidio de Thompson.

De acuerdo con CNN, parte del material fue reproducido durante una audiencia de supresión de pruebas celebrada en diciembre de 2025, en la que la defensa argumentó que la mochila fue registrada de forma irregular. El juez del estado de Nueva York Gregory Carro resolvió en mayo de este año que la mayoría de las pruebas serían admitidas en el juicio y ordenó mantener los videos bajo reserva, hasta que autorizó su publicación tras la declaración de culpabilidad de Mangione ante la justicia federal, en la que admitió haber matado a Thompson, de 50 años.

Los abogados defensores de Mangione solicitaron al juez Carro que desestimara la causa penal estatal en su contra, argumentando que continuar con ese proceso tras la condena federal implicaría una doble persecución penal prohibida por la Constitución.