“Baja vendetta política”: director de Observatorio de Violencia a Martinelli por sanción

La defensa del director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, Javier Donnangelo, quien fue sumariado y luego suspendido por seis meses en 2024 por “sobreestimar” las cifras de homicidios producto del narcotráfico, presentó un pedido para que se revoque su sanción.

Esta sanción vino luego de varias publicaciones encargadas por el Ministerio del Interior y realizadas por el investigador Emiliano Rojido, quien concluyó que el Observatorio encabezado por Donnangelo estaba utilizando una metodología errada para ponderar las muertes ocurridas en el marco de conflictos derivados del narcotráfico.

En el escrito, citado por El Observador y al que accedió Montevideo Portal, “se solicita que se revoque el acto cuestionado admitiendo el amparo solicitado”. Tras esto los abogados de Donnangelo piden que, “en caso contrario”, se “franquee el recurso jerárquico, interpuesto en este acto”.

Entre los puntos esgrimidos en este nuevo escrito, los abogados del funcionario aluden a los principios de transparencia en la actuación de la función administrativa y de preservación del debate público y publicidad, así como al Código de Ética de la función pública. Así, dice que estas leyes “imponen deberes de probidad y transparencia que, en este caso concreto, se materializan en el deber de veracidad en la producción y gestión institucional de información relevante”.

Entonces, expresan que el comportamiento de Donnangelo fue el adecuado ante los informes de Rojido y que “cualquier comportamiento alternativo —por ejemplo, el silencio ante el Informe de Rojido et al.—, implicaba en los hechos vulnerar disposiciones normativas y subvertir la naturaleza de su posición funcional, que nada tiene que ver con el principio de jerarquía que asiste a la función de naturaleza sustancialmente policial”.

Asimismo, se cuestiona que “el intento de introducir modificaciones, en pleno año electoral, en la forma de medir un fenómeno social cargado de repercusiones políticas (en virtud de la centralidad adquirida por la problemática de la inseguridad dentro de los debates electorales de los últimos veinte años), es por definición inconveniente, inoportuno y sospechoso de maquillaje y manipulación de la información pública con fines de rédito electoral”.

“En tal sentido, quienes deberían haber sido sancionados son los que propiciaron tan poco transparentes maniobras con el fin de disminuir la importancia del narcotráfico y sus trágicas consecuencias delictivas y sociales, minimizando las cifras de los delitos con él asociados”, agrega.

Más adelante, habla de que “el informe que el doctor [Nicolás] Martinelli pondera institucionalmente —por la vía autoritaria de sancionar y silenciar a JD— agrede la integridad estadística y viola el deber de intangibilidad de producción de información relevante”. Por tanto, suma, “el comportamiento administrativamente exigible —el único conforme a derecho— para JD [Javier Donnangelo] es la preservación de la transparencia, por la especial naturaleza de su posición funcional”.

A continuación asegura que, “rencillas menores y cuestiones sustentadas en el ego —principalmente, de funcionarios que auspiciaron la sanción y ahora pretenden obtener oficialmente, y sin concursos técnicos, el cargo del Sr. JD— han copado la instrucción del sumario y su resolución, haciendo trizas el principio de debido procedimiento administrativo”.

En adición, cuestiona el “carácter subrepticio [que se hace a escondidas] de la suspensión” y alude a que esta fue “dispuesta 24 horas antes de que Martinelli abandonara el cargo de ministro”. Esto, indica la defensa de Donnangelo, “habla a las claras de que la misma no constituye otra cosa que una baja vendetta política, implementada a último momento con el fin de evadir sus eventuales costos políticos”.

Por último, hace referencia al asesor del Ministerio del Interior, el colorado Diego Sanjurjo: “El actual encargado interino [del observatorio] (Sanjurjo) no sólo no accedió por concurso al rol que desempeña actualmente en sustitución de JD (sin estar más calificado profesionalmente que este último), sino que además es un notorio dirigente y militante político”.

Y añade que “posee, pues, una condición específicamente inadecuada para desempeñar una función que debe estar tan lejos de la política y tan cerca de perfiles puramente técnicos y científicos como sea posible”.

En diálogo con Montevideo Portal el abogado de Donnangelo, Rodrigo Rey, consideró que “este Ministerio del Interior [encabezado por Carlos Negro] está continuando con el criterio que implementó [Nicolás] Martinelli, sancionando al cientista social que calculaba los homicidios. Pero aun tiene oportunidad para revertirlo y confiamos que así será”.

Rey sumó que “es completamente contraintuitivo sostener que apenas el 1,9% de los homicidios son precipitados por causas asociadas al crimen organizado; incluso, podría afirmar que un puñado de colegas maneja profesionalmente asuntos con esas calificaciones jurídicas y ya excede largamente el número propuesto por el Informe. Es negacionismo estadístico y con efectos insidiosos, pues impacta en el diseño de las políticas públicas”.