El 15 de octubre de 1941 se promulgó la ley que creó la Caja Notarial como organismo de derecho público no estatal. Desde su origen se financia solo con el aporte de sus afiliados y con la renta de sus inversiones
(financieras, inmobiliarias, forestales y ganaderas).

A sus cometidos originales, las jubilaciones y pensiones, ha ido incorporando diversas prestaciones de seguridad social. Esta expansión ha sido posible gracias al esfuerzo y no pocas veces, al sacrificio de sus afiliados1, a una administración realista y austera y a un régimen con muy reducidas posibilidades de evasión.

Si bien la Caja cumple 75 años, la vinculación de los escribanos con la previsión social data de 1875. Al crearse lo que hoy es la Asociación de Escribanos del Uruguay, se instituyó el Montepío de los Escribanos, una de las primeras organizaciones de seguridad social en el país.

Fue una experiencia privada, de afiliación voluntaria, que prestó servicios durante algunas décadas y terminó sucumbiendo a principios del siglo XX, producto de una crisis de la economía nacional.

En la actualidad, la Caja ampara a 6969 escribanos en ejercicio libre de su profesión y a 598 empleados, a 2035 jubilados y a 738 pensionistas.

Para el cálculo de sus pasividades se aplican los mismos criterios del régimen general con ajustes en lo referente a los escribanos, por no ser un sector de ingresos fijos. En esos casos, el beneficio se calcula en base al promedio actualizado de los 30 mejores años.

Además de pasividades, la Caja Notarial brinda diversos beneficios en materia de salud, incluida la atención en el exterior, ofrece varios tipos de préstamos a afiliados, cuenta con una biblioteca y un panteón y realiza diferentes actividades de servicios sociales.

Es administrada por un Directorio Honorario integrado por 7 miembros. De ellos, 5 son elegidos cada 4 años por sus afiliados y los otros 2 representan a los poderes Ejecutivo y Judicial.