En la previa de la Cena Anual de la Fundación da Vinci, su director ejecutivo, Sergio Delgado, compartió una lectura profunda sobre el momento que atraviesa el ecosistema emprendedor en Uruguay. Con entusiasmo, pero también con la convicción de que era tiempo de formularse nuevas preguntas como comunidad, sostuvo que el evento no es solo una instancia de celebración, sino también una oportunidad para reunir a quienes, día a día, trabajan por fortalecer el emprendimiento y la innovación en el país.

Desde la fundación, expresó, sentían un compromiso con el desarrollo del talento, pero también con la necesidad de abrir conversaciones que, muchas veces, no encontraban lugar ni en la agenda pública ni en el trabajo cotidiano de las organizaciones. Este año, además, la cena tendrá un homenaje a Carmen Correa, directora ejecutiva de ProMujer, por su trayectoria en el impulso del liderazgo femenino en América Latina. Para Delgado, Correa representa una visión transformadora del desarrollo, en la que el empoderamiento de las mujeres en el mundo productivo no era un objetivo periférico, sino una verdadera palanca para el cambio social y económico.

En ese espíritu, uno de los ejes centrales que propuso fue la necesidad de abrir debates con horizonte al 2030. Entre ellos, se detuvo en la importancia de discutir la portabilidad bancaria, un tema que, según explicó, tiene profundas implicancias para el dinamismo del ecosistema fintech y para la libertad de las personas. Aunque reconoció que Uruguay cuenta con un sistema financiero maduro, también advirtió sobre su escasa movilidad entre bancos y las rigideces existentes para el desarrollo de nuevos negocios.

Algunas startups, señaló, fueron absorbidas por el sistema a través de lo que, en la jerga, se conoce como killer acquisitions. Otras, en cambio, están revolucionando la relación entre las personas y la banca para América Latina desde Uruguay, pero irónicamente ven limitada su posibilidad de operar localmente. Delgado planteó entonces una hipótesis provocadora: ¿qué sucedería si se habilitara el cambio de banco sin fricciones, como ya ocurre con la portabilidad numérica en telefonía? Para él, eso implicaría estimular la competencia, abrir espacio a la innovación y otorgarle al usuario un mayor poder de decisión. “Una cuenta con su perfil, historial y demás características, ¿es del banco o de la persona?”, se preguntó, concluyendo que es una discusión que vale la pena dar de cara al futuro.

Pero los desafíos no terminan ahí. También propuso repensar el rol del Estado en el ecosistema emprendedor. No se trata de ausentar al sector público, aclaró, sino de redefinir su papel. A su entender, el Estado debe orientar, regular y monitorear, más que ejecutar directamente programas, gestionar coworks, organizar eventos o liderar centros de acompañamiento. La intervención pública, dijo, debe concentrarse en trazar grandes líneas estratégicas, establecer estándares de calidad y promover la coordinación efectiva entre los actores.

En este sentido, sostuvo que es prioritario optimizar los cientos de programas de apoyo a mipymes y emprendedores que hoy se encuentran solapados entre ministerios, agencias e institutos, generando ineficiencias y dispersión de recursos. Como ejemplo, mencionó la necesidad de revisar la pertinencia de delegar funciones públicas a personas públicas no estatales, procurando que esa participación se encuadre en marcos claros de articulación, transparencia y evaluación de impacto.

También consideró clave analizar el efecto de la creciente creación de asociaciones civiles vinculadas a personas públicas no estatales. Si bien estas figuras ofrecen mayor flexibilidad operativa, advirtió que podrían reproducir vicios de poder, generar conflictos de interés o establecer condiciones de competencia desleal frente a actores genuinos del sector privado o de la sociedad civil. Para fortalecer el ecosistema, sostuvo, no se debe multiplicar estructuras, sino potenciar capacidades existentes, fomentar la iniciativa privada y ciudadana, y asegurar que lo público opere como catalizador: menos intervención directa, más visión, más confianza y más exigencia. “¿Estamos construyendo un ecosistema integrado o fragmentado? ¿Qué intervenciones públicas desestimulan las iniciativas privadas y de la sociedad civil activa?”, planteó.

Frente a estos fenómenos, aclaró que la posición de la Fundación da Vinci no es de confrontación. Muchas veces, explicó, lo que comienza como un mecanismo de flexibilidad puede transformarse en una estructura paralela, difícil de alinear o auditar. Si se quiere trabajar con una visión de país rumbo al 2030, es necesario establecer reglas de juego claras, colaboración genuina y un compromiso institucional que ponga al emprendedor en el centro.

En ese horizonte, imaginó a la Fundación da Vinci como una organización que conecta talento con oportunidades, que articula capacidades del sector público, privado y académico, y que empuja debates estratégicos sin perder de vista su propósito original: acompañar a quienes emprenden. Desde los programas, incubadoras y mentorías que lideran se proponen ser útiles a diario, pero también asumen la responsabilidad de pensar el marco en el que se desarrollan esos emprendimientos. Y eso implica hablar de regulación, de diseño institucional y de política pública con mayúsculas.

Por último, anticipó que la Cena Anual del 21 de agosto en el Club Uruguay será una noche de reencuentros, de reconocimiento a quienes vienen construyendo el ecosistema, y también de mirada a largo plazo. Se compartirán aprendizajes, se celebrarán historias de impacto y se abrirá espacio para nuevas ideas. Además del homenaje a Carmen Correa —que para la fundación simboliza una forma ética, comprometida y transformadora de liderar en América Latina—, la cena será también una invitación a pensar en grande.