“Nunca, en mis más de 45 años como funcionario del Tribunal y más de 15 como director de la División de Jurídica, se ha visto un ataque más brutal a los profesionales del tribunal. Se ha agraviado a todos los profesionales de la División Jurídica y eso es muy grave”, aseguro el presidente de esa división, Santiago Fonseca.

El expresidente del Tribunal de Cuentas, Gral. Contador Guillermo Ramírez, y el actual director de la División de Jurídica del ente, intimaron al senador del Frente Amplio, Charles Carrera, a denunciar con pruebas los dichos sobre la resolución del Tribunal de Cuentas por la cual no se observó el contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Los dichos de Carrera fueron difundidos en una carta publicada en el semanario Búsqueda.

Según explica Ramírez, el senador acusó que el Tribunal de Cuentas, con el voto de la mayoría oficialista, “ignoró un informe jurídico elaborado por dos abogados de carrera”.

Frente a estas afirmaciones, el ex presidente del Tribunal de Cuentas, aclaró que fueron puestos a consideración del Tribunal “los dos proyectos elaborados dentro de la división jurídica como es usual, lo que es muestra de la tradicional transparencia que caracteriza sus actuaciones”.

Ramírez expresa que, en la carta a Búsqueda, Carrera afirma que el Tribunal de Cuentas “le dio un tratamiento político partidario a un tema que en realidad requería un análisis objetivo desde el punto de vista jurídico”, lo que representa, para el ex presidente del Tribunal, “una acusación muy grave”.

“Se trata, nada menos, que, de acusar públicamente a miembros del Tribunal de Cuentas de haber violado, en el ejercicio de sus funciones, el artículo 77 numeral 4 de la Constitución, por el cual tienen prohibido, bajo pena de destitución, efectuar cualquier acto de carácter político, salvo el voto”, dijo Ramírez.

Y expresó que la Corte Electoral “es el órgano competente para aplicar las penas de estos delitos frente a la denuncia que ante ella deben presentar cualquiera de las cámaras o las autoridades nacionales de los partidos”.

De acuerdo a Ramírez, “de existir pruebas sobre los hechos que denuncia el senador, también sería aplicable el juicio político a los presuntos violadores de la Constitución”.

“Son varias las posibilidades para poder hacer efectiva una denuncia como la formulada por Carrera en la carta a la prensa. Si no lo hace, el contenido de su carta caerá en total descrédito. Y él se sumará a la lista de quienes hablan en la pulpería y callan en la comisaría”, sostuvo el ex presidente del Ente.