El Gobierno argentino aprobó este viernes una nueva regulación del programa Potenciar Trabajo, uno de los planes sociales con mayor número de beneficiarios del país (cerca de 1,3 millones), con el objetivo de "evitar manejos indebidos" en su ejecución por parte de las organizaciones sociales, informaron hoy fuentes oficiales.
El Ministerio de Desarrollo Social instrumentó, a través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, la denominada "Carta de Obligaciones y Derechos" del Potenciar Trabajo, en medio de los debates en el seno del oficialismo argentino por la gestión de los programas de ayudas sociales.
"En el marco de la experiencia recabada durante la implementación del programa (Potenciar Trabajo), resultó necesario crear una Carta Básica de Derechos y Obligaciones para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a fin de evitar manejos indebidos de las organizaciones en su ejecución y difundir los canales de reclamo y denuncia existentes", señaló la normativa oficial.
Según esta resolución, los trabajadores inscritos en este programa no podrán cumplir más de 60 horas mensuales dentro de su plan de actividades, que deberán realizarse sin beneficiar a terceros ni en una "relación de dependencia encubierta", entre otros preceptos.
Asimismo, la normativa subraya que "ninguna persona o autoridad" de las unidades de gestión o certificación del Potenciar Trabajo puede "exigir dinero, como 'aporte' o 'cuota' bajo amenaza, ni exigir participar de actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza distinta a las laborales o educativas del programa", puesto que este tipo de prácticas "son ilegales".
La Carta de Obligaciones y Derechos también establece que los beneficiarios del programa tienen derecho a recibir un "salario social complementario" equivalente al 50 % del salario mínimo (45.540 pesos o 355 dólares), aclarando que el programa "aspira a que cada trabajador obtenga un ingreso superior a partir de su actividad productivo-comunitaria".
Los debates en torno a los programas de ayudas sociales en Argentina aumentaron en las últimas semanas, a raíz de las críticas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al modo en que los movimientos sociales distribuyen estos planes entre la población más vulnerable.
"Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja", aseveró la también exmandataria (2007-2015) de forma irónica el pasado 20 de junio, en el marco de las fuertes tensiones en la coalición de Gobierno.
EFE
