Amazon, el gigante del comercio electrónico, está evaluando terminar su relación con el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y construir su propia red nacional de distribución de paquetes, según informó The Washington Post. La decisión, aún en etapa de análisis, podría alterar profundamente el equilibrio del mercado logístico estadounidense y acelerar una tendencia global hacia la privatización de servicios postales.

El contrato actual entre Amazon y USPS vence en octubre de 2026, y aunque ambas partes han entablado negociaciones para su renovación, el proceso se ha vuelto tenso. Según fuentes cercanas a las discusiones, la intención del gobierno de Donald Trump de avanzar con la privatización del USPS ha añadido incertidumbre y presión política a las conversaciones.

Una relación económica clave

En 2025, Amazon representó alrededor del 7,5% de los ingresos del USPS, una cifra significativa para una agencia que ha enfrentado desafíos financieros persistentes. A cambio, Amazon se beneficia de una infraestructura estatal que le permite llegar a zonas rurales y remotas sin incurrir en costos logísticos propios.

Sin embargo, el portavoz de Amazon, Steve Kelly, afirmó que la empresa está “sorprendida” de que el USPS considere subastar parte de su capacidad logística a otros actores. “Dado el cambio de rumbo y la incertidumbre que esto genera... estamos evaluando todas las opciones”, declaró.

¿Está Amazon listo para competir?

Aunque todavía depende en parte del USPS, Amazon ha invertido agresivamente en su red logística privada, que incluye:

• Amazon Air, su flota de carga aérea.
• Miles de camionetas eléctricas Rivian desplegadas en EE. UU.
• Drones de entrega, aunque el programa ha enfrentado obstáculos regulatorios, incluyendo una investigación reciente de la Administración Federal de Aviación (FAA).
• Desarrollo de vehículos autónomos a través de su subsidiaria Zoox.

En la práctica, Amazon ya realiza entregas de última milla en muchos centros urbanos de forma independiente. Sin embargo, la transición hacia un sistema completamente autónomo en todo el país requeriría una expansión masiva de infraestructura, personal y coordinación interjurisdiccional.