Uruguay: crecen fallos judiciales en Uruguay por acceso a bombas de insulina

En Uruguay, el acceso a tecnologías avanzadas para tratar la diabetes tipo 1 en adultos se está resolviendo cada vez más en los tribunales.

Datos del Fondo Nacional de Recursos (FNR) muestran que durante 2025 se presentaron 22 recursos de amparo para acceder a bombas de insulina, de los cuales 20 fueron favorables, una tasa de aprobación cercana al 91%.

Un sistema que cubre solo hasta los 21 años

Desde 2019, Uruguay incorporó la terapia con bomba de insulina en el sistema público, pero con un criterio restrictivo: la cobertura se limita a pacientes de hasta 21 años.

La misma lógica se aplica a los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, integrados en 2024.

Esto genera una discontinuidad estructural: personas con la misma enfermedad enfrentan condiciones de acceso distintas según su edad.

Judicialización como vía de acceso

Según compartió Sebastián Haro, defensor global de T1International, los datos muestran que los adultos —de entre 25 y 70 años— recurren sistemáticamente a la justicia para acceder a estas tecnologías.

Lejos de ser excepcionales, los fallos favorables reflejan un patrón:

• entre 2021 y 2024, al menos 18 personas accedieron por vía judicial
• en 2024 hubo 17 recursos, con 15 aprobaciones
• en 2025 la tendencia se intensificó

La reiteración de sentencias favorables sugiere que los tribunales reconocen la justificación clínica, incluso cuando no existe cobertura formal.

Impacto en la vida cotidiana

Para quienes acceden, la diferencia es significativa. La terapia con bomba permite:

• mayor estabilidad glucémica
• menor riesgo de hipoglucemias
• reducción de la carga diaria del tratamiento

Sin embargo, el proceso implica meses de incertidumbre, trámites legales y costos asociados.

Información y desigualdad

Otro factor clave es el acceso a la información. Muchos pacientes desconocen:

• la posibilidad de recurrir a la justicia
• los beneficios de la tecnología
• los pasos del proceso legal

Esto genera una brecha adicional, donde el conocimiento se vuelve determinante para acceder al tratamiento.

Una tensión estructural

El caso uruguayo expone un dilema de política pública:

• por un lado, el reconocimiento clínico de la tecnología
• por otro, las restricciones presupuestarias del sistema

Extender la cobertura a adultos implicaría un mayor costo para el Estado, pero la judicialización creciente evidencia que el modelo actual genera:

• desigualdad en el acceso
• sobrecarga del sistema judicial
• incertidumbre para los pacientes