Sífilis en Uruguay: los casos se duplicaron y revelan una creciente desigualdad

Uruguay enfrenta un preocupante aumento de casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que las autoridades sanitarias ya califican como un problema de salud pública, especialmente por su impacto en los sectores más vulnerables de la población y en recién nacidos infectados por transmisión vertical.

En diálogo con EFE, el viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, advirtió que la enfermedad, muchas veces subestimada, se ha transformado en un marcador de inequidad social. “Los contagios de sífilis son universales, pero afectan con mayor intensidad a quienes tienen menos acceso a derechos y servicios”, explicó.

Cifras en ascenso

El país registró un repunte significativo de casos desde 2020, con un punto crítico en 2024, cuando se notificaron 7.035 diagnósticos (casi el doble que en 2020), alcanzando una tasa de incidencia de 196,6 por cada 100.000 habitantes. Hasta la primera semana de diciembre de 2025, ya se reportaban 5.220 casos, con una tasa de 145 por cada 100.000.

Este incremento ha coincidido con un descenso del temor social a las ETS, lo que Briozzo atribuye a la relativa eficacia del tratamiento del VIH, enfermedad en la que la transmisión de madre a hijo ha sido casi eliminada en Uruguay (menos del 2 % en los últimos cuatro años). "Se ha bajado la guardia frente a la sífilis", advirtió.

Impacto en recién nacidos

Una de las principales preocupaciones del Ministerio es el aumento de casos de sífilis congénita. “Puede causar la muerte fetal o dejar secuelas graves”, explicó Briozzo. Aunque el tratamiento con penicilina es efectivo, no revierte completamente los daños en neonatos. En un país con menos de 30.000 nacimientos anuales, el impacto es significativo.

Desigualdad estructural

El aumento de casos se concentra en el sistema público de salud, al que accede la población con menos recursos económicos. En este segmento, Uruguay presenta indicadores comparables a países en situación de alta vulnerabilidad. “Es una enorme injusticia”, dijo el viceministro.

Se han documentado reiteradas reinfecciones en mujeres embarazadas, muchas de ellas víctimas de violencia de género, lo que pone en evidencia una falla sistémica en la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

Nuevas estrategias

Desde diciembre, el Ministerio de Salud Pública implementó un protocolo que exige ofrecer pruebas rápidas de sífilis y VIH desde la primera consulta a la mujer y su pareja. El objetivo es detectar y tratar precozmente, involucrando también a los varones, en un esfuerzo por cortar las cadenas de reinfección.