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10 años después

Una ley que, tras una década de aplicación, no resultó tan igualitaria: ¿qué barreras hay?

Diecisiete de las 35 farmacias habilitadas para vender cannabis se encuentran en Montevideo, lo que dificulta el acceso al mercado regulado.
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Por Federica Bordaberry

La ley está disponible para todos los uruguayos. Eso es un hecho. Sin embargo, es una idea compartida por varios profesionales que la existencia de barreras dificulta el acceso al cannabis regularizado para ciertos consumidores.

La ley no es completamente igualitaria porque no todos pueden acceder a ella con la misma facilidad.

“Esto se hizo para desplazar a la marihuana del comercio ilegal y lo cierto es que no se desplazó. Sigue estando la marihuana ilegal paraguaya que ingresa en el país. Quizás, hay un tema de mercado y, sobre todo, de demanda de gente que no tiene capacidad de ser socia o plantar en su propio predio un autocultivo y, por lo tanto, sigue consumiendo en el mercado ilegal”, dijo Luis Alberto Heber, exministro del Interior, previo a su renuncia.

Las bocas de drogas siguen existiendo más allá de la regulación del cannabis y los usuarios de cannabis se han alejado de las bocas porque tienen otras vías para conseguirlo.

Siguen existiendo porque hoy venden otras sustancias de las cuales el cannabis es accesorio, aclaró Heber.

La ley, entonces, no llega a quienes no tienen los recursos para pagar la membresía de un club cannábico por mes, o para generar condiciones para un autocultivo. Las farmacias, en ese sentido, podrían ser las más accesibles en términos de costos, pero no de ubicaciones geográficas.

Actualmente los cinco gramos de las variedades Alfa y Beta cuestan 420 y 440 pesos, mientras que la variedad Gamma llega a los 460 pesos uruguayos.

Aunque se alcance ese dinero para comprar marihuana de farmacia, si no hay una cerca, lo más probable es que esos consumidores recurran al comercio ilegal.

“La ley que se aprobó, la que tenemos vigente, es una legislación súper rígida. Creo que tiene sentido, pensando en el contexto en que fue aprobada, de mucha incertidumbre con respecto a lo que iba a pasar. Eso hoy trae algunos problemas de barreras de acceso para los usuarios. El tema del registro hace que muchos queden fuera. También está el tema de la cobertura en el territorio”, dice Lorena Repetto, politóloga uruguaya y candidata a doctora con estudios en el tema. “Hay muchas características de la regulación que fue pensada en términos súper garantistas que también hoy hace que tenga otros efectos en el funcionamiento”, agrega.

La desigualdad del acceso a la ley del cannabis está, por un lado, vinculada a la geografía (dónde se encuentran los clubes o las farmacias para adquirir); y, por otro lado, está vinculada a las barreras que presenta el registro del Ircca.

“El registro ha tenido efectos esperados y no esperados. Hay una desconfianza en el registro, en la privacidad del uso de los datos. Eso hace que haya muchos usuarios que no estén dispuestos a registrarse a través de los mecanismos legales. Esto ha provocado que haya usuarios de nivel socioeconómico bajos o más vulnerables que tampoco acceden por las vías legales por diferentes razones. Algunos, porque no tienen recibo con dirección a su nombre. Otros, porque no tienen ningún incentivo, viven en contextos en los que la legalidad y la ilegalidad no son tan relevantes. Son múltiples las razones por las que esta cobertura legal no está llegando a todos los sectores”, dijo Repetto en la presentación de la investigación “Zonas grises, mercados legales e ilegales: 10 Años de la Regulación de Cannabis en Uruguay”, financiada por la ANII.

“Está claro que no es una ley con acceso igualitario. La gente que ya tiene algún vínculo, que ya realizó algún crimen, ya tiene algún antecedente o de alguna manera está vinculada a alguna actividad non sancta, qué le vas a decir que vaya a dejar sus datos. En ciertos barrios no existe la regulación del cannabis. Es como si nada hubiera pasado. Si tú les pedís la huella digital, que den sus datos, que vayan hasta una oficina del Correo… eso no va a suceder”, aporta en tanto Rosario Queirolo, doctora en Ciencia Política y Profesora Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica.

“Creo que esa es una de las cosas más problemáticas de la regulación porque, en el fondo, estas restricciones, sobre todo en el tema del registro, son un impedimento para la gente de menos recursos económicos. Sobre todo para aquellos que ya están en una situación de mayor exclusión social (...) Por eso, van a seguir en contacto con la ilegalidad y eso hace que sea una regulación como de clases medias para arriba, pero no de los sectores más pobres de la sociedad”, agrega Queirolo.

Sin embargo, los motivos para no afiliarse no son los mismos entre los distintos tipos de consumidores. Puede ser por ideología, reputación, miedo a que se hagan públicos los datos (personas con mayor nivel educativo) o por cuestiones prácticas (menor nivel educativo), argumentó Repetto en la presentación.

“Hay un problema en el acceso que tiene que ver con la disponibilidad que hay con los usuarios para acercarse a comprar. Todavía no tenemos una cobertura geográfica total y la modalidad, sacando clubes cannábicos, requiere un montón de requisitos que para muchos usuarios son complicados. El registro, tener que dejar la huella digital, ir al correo a hacer el registro, y todos estos problemas que tienen que ver con los mecanismos de acceso es, tal vez, el principal obstáculo para generar un mercado legal más grande”, explicó Queirolo.

Según Daniel Radío, el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, que hizo un comentario en esa misma presentación, hay tres tipos de elementos para tener en cuenta a la hora de generar más acceso: el buen precio, las vías y la variedad.

“Yo hoy tiendo a pensar que no tendría que haber registro para los compradores. Si no hubiera, se resuelven algunas cosas. La primera es el acceso a los turistas, porque quisimos cuidar de que no haya turismo cannábico. Pero, además, la ley genera una inequidad en territorio uruguayo. Los residentes pueden hacer una cosa que no pueden hacer los no residentes. Eso me parece una cosa que tenemos que corregir, y la podríamos corregir levantando el registro”, comentó.

Entonces, la falta de acceso también escapa a los uruguayos. “Un extranjero en Uruguay que sea consumidor habitual no lo puede traer porque sería contrabando, tráfico de droga, y no lo podría comprar legalmente acá, así que va a recurrir a bocas de venta ilegales”, dice Tabaré Viera, actual ministro de Turismo.

Viera considera acertado modificar la legislación para darles a los extranjeros, turistas o no turistas, las mismas posibilidades de consumir cannabis que a los uruguayos. Lo mismo tanto en derechos como en obligaciones.

En junio de 2022 se presentó en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que tiene la intención de regular el turismo cannábico.

“De ahí a promover un turismo cannábico, que la gente venga a hacer turismo para drogarse, no me parece que le haga bien al país y nos puede traer algunos problemas sobre todo con algunos países vecinos”, aclara.

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A 10 años de la legalización del cannabis en Uruguay, Montevideo Portal preparó un especial periodístico. Para leer el resto de las notas, hacé click acá

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Por Federica Bordaberry