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Entre la mitad y el 60% de quienes hoy realizan intermediaciones inmobiliarias en Uruguay lo hacen de manera informal. Esa es la estimación que maneja la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), que espera que la reglamentación de la ley de operador inmobiliario, aprobada en 2024, quede pronta entre fines de este año y comienzos de 2027, marcando un antes y un después para la actividad.

"Hoy hay muchas personas que trabajan de manera informal. La ley va a permitir identificar claramente quién está habilitado para ejercer y quién no. El informalismo lo podés medir desde una persona que dice que es inmobiliaria, un portero que tiene contacto con un propietario, pasa la información y quiere cobrar un honorario, un escribano, abogado o arquitecto que ejerce su profesión, pero también colateralmente hace negocios inmobiliarios y no tiene su empresa conformada.”, afirma el presidente de la CIU, Matías Medina.

La reglamentación, que actualmente atraviesa su última etapa de revisión jurídica mientras avanza en paralelo el desarrollo del sistema informático que la respaldará, creará un registro nacional de operadores inmobiliarios y establecerá requisitos para ejercer la actividad.

Entre ellos, quienes ingresen al sector deberán acreditar una capacitación específica, mientras que los operadores ya establecidos se incorporarán al registro mediante un régimen de transición. Además, la matrícula deberá renovarse periódicamente y estará asociada al pago de una tasa.

Uno de los cambios más visibles será la posibilidad de que cualquier persona consulte de forma digital si el profesional con el que está negociando una compra, una venta o un alquiler se encuentra debidamente registrado.

“Va a ser como ocurre con un escribano o un abogado. El cliente va a poder ingresar al sistema y verificar si ese operador está habilitado”, explica Medina.

Para la Cámara, la reglamentación representa mucho más que un requisito administrativo. El objetivo es profesionalizar una actividad que, según estiman, todavía presenta altos niveles de informalidad y donde muchas personas realizan intermediaciones sin contar con una formación específica.

Sin embargo, Medina aclara que la intención no es impedir el ingreso de nuevos operadores al mercado, sino establecer reglas comunes para todos quienes desarrollen la actividad de forma profesional.

La futura reglamentación también dará lugar a la creación de un Observatorio Inmobiliario, una herramienta que permitirá reunir información estadística que hoy se encuentra dispersa.

La iniciativa buscará generar datos sobre el comportamiento del mercado, el perfil de los compradores, la participación de inversores extranjeros, la evolución de las operaciones y otras variables que, según la Cámara, facilitarán la toma de decisiones tanto del sector privado como de los organismos públicos.

“La información existe, pero está dispersa. Tener un observatorio nos va a permitir contar con datos mucho más precisos para entender cómo evoluciona el mercado”, sostiene Medina.

Aunque todavía restan algunos pasos administrativos antes de su puesta en marcha, la expectativa del sector es que la reglamentación quede operativa lo antes posible. Para la Cámara, ese será el comienzo de una nueva etapa para una actividad que busca consolidarse con mayores niveles de profesionalización, transparencia y acceso a la información.

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