La adhesión para el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) es requisito para aprobar un proyecto de ley, enviado en julio de 2023 al Parlamento por el Poder Ejecutivo, para que Uruguay se adhiera al Acuerdo Transpacífico.

Santiago Martínez, director de Propiedad Industrial en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y Flavio Caiafa, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), explicaron en entrevista con En perspectiva qué implica el PCT.

“El PCT es hacer piecito, es decir, llevar la posibilidad del trámite a otras jurisdicciones para que se pueda proteger también”, aseguró Martínez.

Asimismo, señaló que no hay diferencia entre empresas de distintas dimensiones “en términos de trámites” a la hora de registrarse, pero acotó: “En términos de costos, sí”.

“A las multinacionales, o a las empresas que tienen capacidad económica, no les mueve demasiado la aguja estar o no estar en el PCT”, sostuvo.

“Hay que pagar tasas para que el registro transite por el proceso, y luego hay que pagar un canon anualmente durante todo el plazo que dure la patente”, agregó Martínez, en referencia al trámite de registro en el PCT.

Por su lado, Caiafa indicó que, salvo en Europa, las patentes tienen alcance territorial en el país que se emiten y, por lo tanto, es necesario realizar el “trámite en cada país” para validarla.

“Esa complejidad es lo que vino a resolver en la década del 70” el PCT, afirmó, y comentó que está integrado por 157 países, que representan cerca del 99% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.

“A nivel global, el 70% de las patentes son solicitadas por pymes e inventores independientes”, dijo Caiafa.