El Senado está empantanado hace casi ya tres años en la discusión de una solución al problema del sobreendeudamiento que afecta a miles de uruguayos.
El debate comenzó en 2020 a partir de una iniciativa de Cabildo Abierto (CA). Ante las discrepancias que encontró en el oficialismo, y también en el Frente Amplio, el partido liderado por Guido Manini Ríos presentó, a mediados de mayo de este año, un segundo proyecto. Pero con él no logró acercar posiciones; todo lo contrario. Es más, desde el Gobierno y desde la oposición se advirtió que ese texto podría provocar daños muy serios en el mercado de créditos, y obligar a sectores de menores ingresos a recurrir a prestamistas que operan por fuera de la regulación, con tasas de interés mucho más altas, entre otros perjuicios.
Ante este panorama, y como el Partido Nacional no daba a conocer su alternativa, los cabildantes anunciaron la semana pasada que comenzarán una campaña de recolección de firmas para convocar un plebiscito de reforma constitucional sobre su propuesta de reestructura de deudas de las personas físicas, que ocurriría simultáneamente con las elecciones nacionales.
Pocas horas después se conoció el proyecto de ley que venía redactándose en filas blancas y que, según se explicó, cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sobre los detalles que plantea el texto, el conductor de En perspectiva Emiliano Cotelo conversó con la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín.
En primer lugar, la legisladora blanca reconoció que “Cabildo detectó una problemática muy sensible para los uruguayos”. Sin embargo, la propuesta ideada por el Partido Nacional es “bastante más acotada” que la planteada por el partido liderado por Manini Ríos.
En este sentido, la senadora remarcó que en el proyecto de CA el “filtro es muy bajo”, por lo que pueden llegar a postular para la solución “personas con ingresos altos y propiedades de valor elevado”.
“Incluso la delegación de AEBU [Asociación de Bancarios del Uruguay] que compareció señaló que el proyecto no estaba enfocado a la población más vulnerable, que es la que hay que solucionarle la situación”, apuntó.
Para Asiaín, el “universo abarcado por CA no era solo de los vulnerables, sino que incluye muchas personas más”.
“La diferencia fundamental es la preservación de la seguridad jurídica. O sea, que los contratos firmados han de respetarse. Esa es una regla negocial básica de la sociedad, que además es un pilar de la reputación del Estado uruguayo para atraer inversiones extranjeras y los negocios”, señaló la abogada, que consideró que con el proyecto de CA se afectaba ese principio.
La legisladora detalló que la propuesta impulsada por los blancos incluye a postulantes con deudas de más cuatro años de atraso, pero que tengan un tope de ingresos anuales y de propiedad de bienes muebles e inmuebles.
Sobre el concepto de “deuda justa” y la reestructuración forzosa de deudas (con la intervención de un juez) que es introducido en el proyecto de CA, la senadora dijo que, en “buen romance, esa iniciativa implica intervenir los contratos”.
“Se puede alterar cuando el propio acreedor, que es parte del contrato, dice que está bien y transa. El principio de seguridad jurídica es un valor a preservar y para nosotros fue el pilar central del proyecto”, informó Asiaín.
En esta línea, la senadora dijo que en la instancia administrativa que plantea su proyecto se habilita, en la instancia judicial, un “miniconcurso para las deudas más chicas” y el acuerdo al que lleguen “el deudor con la mayoría de los acreedores que representen dos terceras partes del pasivo va a ser obligatorio para todas” las partes.
De todas formas, Asiaín señaló que su proyecto de ley todavía está sujeto a aportes y modificaciones.
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